El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un paquete de medidas para aliviar la carga hipotecaria de más de un millón de hogares "vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por el incremento del Euribor" y los tipos de interés. La ministra de Economía, Nadia Calviño, espera que toda la banca se sume a estas medidas "diseñadas con el Banco de España" y dice que es "momento de arrimar el hombro".

El documento de medidas, al que ha tenido acceso laSexta, se encuentra "a falta de cerrar los últimos detalles" con las patronales bancarias, como aclara el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El Ejecutivo resume el plan en "tres vías" o ejes fundamentales:

  • Mejora del tratamiento de las familias vulnerables.
  • Apertura de un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad.
  • Conversión de hipotecas variables a tipo fijo.

La primera medida pasa por mejorar el Código de Buenas Prácticas, aprobado en 2012, para "adaptarlo a la situación actual". Esto significa que deudores vulnerables podrán reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de 5 años (Euribor - 0,1% frente al Euribor + 0,25% actual). Además, se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración si fuese necesario.

De forma adicional, aquellos hogares con renta inferior a 25.200 euros al año (tres veces el IPREM) que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca, pero no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario, puedan acogerse al Código con una carencia de dos años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta siete años.

Una reducción de cuota de más del 50%

Según el Gobierno, esto supondría, en una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de tipos de interés, pasar a pagar 246 euros durante el periodo de carencia de cinco años, lo que supone una reducción de su cuota de más de un 50%.

El nuevo Código de Buenas Prácticas también se adapta a "los deudores de clase media en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria".

Así, podrán beneficiarse de estas medidas los hogares con renta inferior a tres veces y media el IPREM (29.400 euros anuales) con hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido al menos el 20%. En estos casos, los bancos deberán ofrecer la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años.

Eso sí, lo que ahora no paguemos habrá que pagarlo en el futuro, advierten las asociaciones de consumidores, que no ven con buenos ojos la opción de alargar el plazo. La presidenta de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), Patricia Suárez, cree que "va a traer consigo un incremento en el coste hipotecario", ya sea con más productos como un seguro de vida o un seguro por si el contratante se queda en el paro.

Por último, se facilitará el cambio de tipo variable a fijo reduciendo los gastos y comisiones para efectuarlo, eliminándose en 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca. Se espera que las medidas estén disponibles a partir del 1 de enero de 2023.

Creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al proyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, según ha confirmado Nadia Calviño. En declaraciones a RNE, la ministra ha explicado que esta figura tendrá competencias para imponer sanciones, por ejemplo, por el incumplimiento de las medidas de ayudas a las familias hipotecadas si las entidades financieras decidan sumarse a las mismas.

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero supondrá la puesta en marcha de un mecanismo que unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

La futura figura estará dotada de autonomía e independencia y resolverá las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras.

Las resoluciones de la Autoridad de Defensa serán vinculantes para las entidades financieras cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros. Este mecanismo, además, será gratuito para los clientes y se financiará con una tasa de 250 euros que las entidades tendrán que pagar por cada reclamación admitida.

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