Tras prestar declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional, López Abad y Gil han sido conducidos al centro penitenciario de Soto del Real, en Madrid, que sólo abandonarán cuando depositen las cantidades que les han sido exigidas: 1,5 millones en el caso del primero y 400.000 euros en el segundo. El juez justifica el arresto y la posterior imposición de una fianza a ambos en los "medios económicos y relaciones con el exterior" con los que cuentan y que, sospecha, les permitirían huir a Curazao (Antillas Holandesas), "país con el que no existe convenio de extradición".
Gómez Bermúdez también ha interrogado al exdirector general de Tenedora de Inversiones y Participaciones -filial de la caja- Vicente Sánchez, al exdirector de la división internacional y negocio hotelero César Veliz y al empresario y exdirector económico de la sociedad Valfensal Francisco Climent, que han quedado en libertad sin medidas cautelares. Siguen, sin embargo, imputados por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida, los mismos que se atribuyen a López Abad y a Gil.
En los autos de prisión, el juez dice que estos dos "están en los dos escalones superiores de la CAM" y que desempeñaron un "papel esencial" en las decisiones sobre la financiación de proyectos por parte de la sociedad Valfensal, de la que la CAM poseía el 30% y que tenía a Climent como director económico. Añade que los exdirectivos de la CAM no tuvieron "ningún reparo" en situar inversiones de la caja "en territorio calificado de paraíso fiscal".
Eso sucedió cuando los empresarios Vicente Ferri y José Salvador Baldó -a los que también ordenó detener, pero que están en paradero desconocido- les anunciaron su intención de adquirir una sociedad a la que desviar los beneficios de varios hoteles que pensaban adquirir o construir en México, Costa Rica y la República Dominicana. La estructura fiscal se creó con el asesoramiento "del despacho Garrigues" y concretamente de Jaime Escrivá, que defendió en varios informes la legalidad de la utilización de una sociedad pantalla -Jacksonport Corporation, domiciliada en Curazao- para canalizar los beneficios de Valfensal.
Escrivá ha declarado ante la Guardia Civil y ha admitido que esa estrategia tenía como objeto "eludir las obligaciones fiscales en España". Sus informes fueron utilizados por López Abad y Gil para justificar ante los órganos de control de la CAM la legalidad de la estructura societaria, "venciendo así toda posibilidad de resistencia por parte de los órganos de la caja".