Europa se prepara para lo peor y ya se plantea que el resto de países puedan limitar el precio del gas como hacen España y Portugal. El panorama del próximo invierno se presenta complicado, pero desde el Gobierno de España aseguran que no habrá problemas de suministro.
"Hay una garantía de suministro", ha aseverado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. La 'número dos' del Ejecutivo ha respondido así después de ser cuestionada por unas declaraciones del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, que ayer lo puso en dudas.
Imaz manifestó su preocupación por lo que pueda ocurrir el próximo invierno desde el punto de vista energético, y advirtió de la dependencia de Europa en términos de gas respecto de Rusia y el problema que existe para "sustituirlo": "Hoy no se pueden sustituir los 150 bcm de gas que Europa recibe de Rusia".
En este sentido, manifestó "no hay forma de cubrir prácticamente el 40% de ese gas" en Europa y eso va a provocar un "tensionamiento brutal". Imaz, que cree que como sociedad hay que hacer un esfuerzo "muy importante" de reducir consumos y acelerar al máximo la generación renovable, insistió de que hay un problema de seguridad de suministro en los próximos seis o siete meses que "va a impactar de una forma dramática". "Hay que hacer una reflexión sobre cómo abordamos los riesgos de seguridad de suministro que se pueden tener a lo largo de los próximos meses", añadió.
En todo caso, Calviño ha asegurado que, "hay unos contratos a largo plazo y la preocupación principal es lo que tiene que ver con la evolución del precio de la energía, que se ve muy afectado por cualquier tipo de corte de suministro, aumento de la demanda o corte de la oferta a nivel internacional. Pero los ciudadanos tienen que saber que hemos tomado y seguiremos tomando todas las medidas a nuestro alcance para minimizar el impacto negativo (de la guerra) tanto en términos de crecimiento y creación de empleo como en términos de precios".
Precisamente, preguntada por si se prorrogarán más allá del 30 de junio las medidas adoptadasen el marco del plan de respuesta a la guerra, entre ellas la bonificación de 20 céntimos al combustible, Calviño ha reiterado que habrá que evaluar si han funcionado, cuáles no lo han hecho y si es necesario ajustarlas.
"Todos los contribuyentes españoles estamos pagando ese descuento en los precios de la gasolina y el diésel y tenemos que asegurarnos de que es eficaz. Pero habrá que analizar todas las medidas para ver cuáles pueden ser prorrogadas y cuáles ya no tienen sentido o si hay que ajustarlas", ha indicado.
Preguntada por si el tope al precio del gas que aprobará mañana el Consejo de Ministros afectará sólo a la tarifa regulada, Calviño ha explicado que afectará a todo el mercado mayorista, de forma que se desacoplará todo el mercado eléctrico de la evolución del precio del gas en los mercados internacionales.
"En la medida en que baja el precio de la electricidad para todas las comercializadoras, permite ofrecer precios más bajos a quien tiene la tarifa libre y, por supuesto, la regulada. Nuestro objetivo es que bajen los precios en el conjunto del mercado o que no suban en aquellos ámbitos en los que ya hay unos precios muy bajos por contratos a largo plazo", ha precisado.
Calviño ha asegurado que es el momento de que "todos", incluyendo las empresas energéticas, petroleras, gasistas y eléctricas, "rememos en la misma dirección para ayudar a bajar el precio de la energía", porque eso, ha insistido, "es bueno para los ciudadanos y las empresas y para la inflación".
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