La explanada donde se proyecta la obra de 1.200 viviendas en la ciudad alicantina de Altea está habitada por colonias gatos callejeros, algunos de ellos con más de 10 años de antigüedad. Son en total 70 gatos agrupados en 6 colonias que ya están sufriendo las consecuencias de que su hábitat se convierta en una obra.

Dos asociaciones animalistas se han puesto en pie de guerra para proteger estas colonias y han llevado este asunto a los juzgados. El juez ha ordenado la detención inmediata de las obras hasta que se dé una ubicación segura a los felinos. No obstante, ese mismo auto pide a las dos asociaciones sin ánimo de lucro depositar una garantía de 20.000 euros. "Entendemos que es completamente desorbitada y excede por mucho las capacidades financieras de nuestras representadas que se tratan de entidades sin ánimo de lucro", dice Eloi Sarrió, abogado animalista y Director de Aboganimal, que lleva la defensa de las asociaciones.

El auto fue emitido el jueves 7 de diciembre y hoy, 12, las obras continúan. "A día de hoy, tanto el constructor como el Ayuntamiento parece que no lo han recibido. Aquí están las excavadoras, están trabajando", afirma Raphaela Fischer, presidenta de Bigatos.

El Ayuntamiento de Altea, responsable del tratamiento de estos animales, no ha querido hacer declaraciones adicionales al comunicado emitido, que dice que "desde hace semanas, [...] se han llevado a cabo las labores y gestiones necesarias para la reubicación de las colonias felinas existentes".

No obstante, las mismas ONGs les desmienten y aseguran que le han dado ubicaciones temporales. "No tiene sentido reubicar una colonia, que es un trabajo complejo, si en 6 meses hay que reubicarla" nos indica la presidenta de la asociación. De momento, la batalla por conseguir una reubicación adecuada para estas colonias de gatos sigue en pie.

"Efectos adversos" para la competencia

Bruselas considera que la compra de Air Europa por parte de Iberia puede suponer un riesgo de subida de precios

La Comisión ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que los clientes puedan enfrentar precios más altos o una menor calidad de los servicios después de la transacción.