El Gobierno ha dado el primer paso para elevar a rango de ley las limitaciones a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) incluidas en el real decreto de 2015, que fue recurrido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y sobre el que debe pronunciarse el Tribunal Supremo.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley, que deberá convalidar el Congreso, que recoge la posibilidad de que las comunidades autónomas denieguen la concesión de nuevas licencias cuando la proporción sea superior a un VTC por cada treinta taxis.
Esta norma modifica la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres en lo referido al arrendamiento de vehículos con conductor. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que la nueva norma permitirá garantizar una "convivencia equilibrada" entre los taxis y los VTC, y proporcionará una mayor "seguridad jurídica".
El real decreto-ley incluye también la obligación de los VTC de prestar al menos el 80% de sus servicios dentro de su comunidad autónoma, porcentaje que se computará trimestralmente. Estos dos preceptos ya estaban recogidos en el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre en la redacción dada a través del real decreto de 2015.
El real decreto-ley incluye, además, una disposición adicional que establece la convocatoria, de forma extraordinaria, de la Conferencia Nacional de Transportes para analizar la legislación estatal y autonómica y comprobar si se pueden introducir cambios para mejorar la competitividad. Forman parte de la Conferencia el ministro de Fomento y representantes de las comunidades autónomas.
Según el titular de Fomento, la nueva norma ha tenido en cuenta lo ocurrido como consecuencia del vació legal que se produjo entre la Ley Omnibus de 2009 y el real decreto de 2015. En ese sentido, ha recordado que en los últimos meses se han concedido numerosas licencias por sentencia judicial, lo que ha roto "de facto" la proporción 1/30.
De la Serna ha apuntado que en abril había 64.217 licencias de taxi y 7.058 licencias de VTC, lo que supone una proporción 1/9. Según el titular de Fomento, también se ha tenido en cuenta la proliferación, en los últimos meses, de iniciativas en ayuntamientos y comunidades autónomas para limitar la actuación de los VTC, lo que, en su opinión, "vulnera las reglas de la unidad de mercado" y la eficacia de las competencias del Estado en esta materia.
De la Serna ha recalcado que el real decreto-ley consolida las competencias en el ámbito del transporte que la Constitución reserva al Estado y garantiza un desarrollo "armónico" de taxis y VTC.
La aprobación de esta norma resta trascendencia a la decisión que el Tribunal Supremo debe adoptar sobre el recurso de la CNMC contra el real decreto de 2015. A ese recurso se sumaron posteriormente la patronal de las VTC, Unauto, y las plataformas Uber y Cabify.