La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado que el Gobierno está trabajando para reforzar los juzgados especializados en cláusulas suelo y ha anunciado una reforma normativa para imponer intereses sancionadores a los bancos que acudan al procedimiento judicial para dilatar los pagos a clientes.
Las "medidas de carácter preventivo" pretenden introducir mecanismos que fomenten la resolución a través de la vía extrajudicial e imponer intereses sancionadores para "impedir que los bancos acudan al procedimiento judicial para dilatar los pagos".
Así se ha manifestado la ministra durante la sesión al control al Gobierno ante la pregunta formulada por la diputada de Esquerra Republicana (ERC) Carolina Telechea sobre las acciones que el Ejecutivo tiene previstas ante tal situación de los juzgados uniprovinciales creados para hacer frente a la avalancha de procedimientos relacionados con las demandas de cláusulas suelo.
Delgado ha culpado este miércoles en el Congreso de los Diputados al anterior Gobierno, el de Mariano Rajoy, del colapso que sufren los juzgados especializados en cláusulas suelo y ha anunciado medidas normativas para impedir que los bancos dilaten los pagos a los clientes.
"Hablamos de un problema que afecta a miles de familias" y, por ello, según ha explicado, desde el Ministerio se está trabajando para reforzar dichos juzgados y para introducir medidas normativas. Sobre el refuerzo, ha indicado que como "medida paliativa" se han nombrado 150 jueces más para que se encarguen de estudiar estos asuntos y a 120 Letrados de la Administración de Justicia.
"Es evidente que una avalancha de más de 250.000 procedimientos civiles ordinarios tiene un impacto en el tiempo de respuesta de los tribunales y se ha creado un cuello botella", ya que, según ha indicado, la decisión de especialización de juzgado "no fue debidamente evaluada porque se dio café para todo el mundo sin tener en cuenta la diferencia que había entre distintos territorios".
Así, en este sentido ha coincidido con Telechea sobre la mala situación en la que se encuentran estos juzgado y ha responsabilizado de ello al Gobierno de Mariano Rajoy, que era el que estaba el 1 de junio de 2017 cuando se puso en marcha el plan de urgencia para hacer frente a la previsible carga de trabajo en esta materia, por su "incumplimiento absoluto en el deber del ejercicio que tenía".