El cierre de bares y restaurantes ha vuelto a colapsar el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) que, según denuncia el sindicato CSIF, ha tenido que gestionar 150.000 ERTE que afectan a 700.000 trabajadores de la hostelería.
Las medidas contra el coronavirus en varias Comunidades Autónomas han supuesto una sobrecarga de trabajo entre los funcionarios del antiguo INEM. Si durante la primera ola ya se vieron sobrepasados, lo que supuso un retraso en el abono de prestaciones y subsidios, ahora la situación está a punto de repetirse.
UGT de Cataluña ha denunciado que el Sepe ha perdido un tercio del personal en los últimos diez años, mientras que la carga de trabajo ha aumentado en un 600% por la pandemia. Esto ha producido un colapso que, solo en Barcelona, ha provocado retrasos de hasta tres meses en la tramitación de prestaciones.
De acuerdo con el sindicato, esta situación es consecuencia de "años de desidia" por parte de la Administración General del Estado y las contrataciones no consiguen paliar el déficit.
En el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) pasa algo parecido, de acuerdo con UGT. En la última década ha perdido un 20% del personal, el mismo que ahora se encarga de tramitar el Ingreso Mínimo Vital.