El gobierno quiere sacar adelante el fracking cueste lo que cueste, tanto que ha aprobado un proyecto de reforma de la ley de Hidrocarburos para compensar a ayuntamientos y propietarios de los terrenos, y reducir así las oposición a esta técnica que inyecta agua con aditivos químicos en las rocas para extraer gas.
Las empresas extractoras contarán con un nuevo impuesto y una parte de lo recaudado irá a los ayuntamientos. Otra, hasta un 1% al año, a los propietarios de los terrenos, aunque sólo se les pagará si se pone en marcha la extracción. Ayudas que afectan también a los sondeos petrolíferos.
Los ecologistas critican además que el Gobienro vuelve a dar la espalda a las energías renovables para apoyar medidas, dicen, que perjudican al medio ambiente.
