Las administraciones públicas españolas cerraron 2022 con un déficit del 4,8% del PIB, por debajo de la referencia fijada por el Gobierno (5% del PIB) gracias al impulso de la recaudación, que registró un máximo histórico de 255.463 millones de euros, un 14,4% más.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este jueves en rueda de prensa los datos de ejecución presupuestaria de 2022 para destacar que "España logró nuevamente cumplir con sus compromisos presupuestarios" por tercer año consecutivo gracias a las políticas puestas en marcha y la mejora de los ingresos públicos.

El déficit público -la diferencia entre el gasto y los ingresos públicos- acumulado en 2022 se situó en 63.776 millones de euros, equivalente al 4,8 % del PIB, por debajo de la tasa de 2021 (6,9 % del PIB) y de la referencia del Gobierno para el año (5 % del PIB) y por encima de las previsiones de organismos como la AIReF (4,5 %) o el Banco de España (4,6 %).

Detrás de esta buena evolución de las cuentas públicas está la evolución de la recaudación, que batió el récord de 2021 (223.385 millones) y superó tanto las previsiones recogidas en los Presupuestos de 2023 (232.352 millones) como en el plan presupuestario remitido a Bruselas en octubre (244.072 millones).

El alza de los ingresos -que en términos totales ascendieron a 277.552 millones, un 18,6 % más- se debe al efecto de la buena evolución de la economía y el empleo en los impuestos, ya que la inflación "explica solo una tercera parte del incremento de la recaudación" tributaria.

Montero ha añadido que estos recursos se han revertido a la sociedad en forma de ayudas para atajar la inflación, de manera que el saldo de las medidas fiscales "refleja un ahorro de 6.894 millones para los hogares españoles".

Por impuestos, el IRPF recaudó 109.485 millones, un 15,8 % más, gracias a que hay más empleo y mejores salarios; el impuesto de sociedades, 32.176 millones, un 20,8 % más, por "el buen comportamiento de los beneficios empresariales", y el IVA, 82.595 millones, un 13,9 % más, un repunte que, según la ministra, no obedece solo a la inflación.

Por lo que respecta al gasto público, se situó en 318.610 millones, un 3,6 % más, del que más de la mitad fueron pagos a otras administraciones (165.732 millones), con importantes subidas en las partidas de ayudas y subvenciones (141 %), transferencias sociales en especie (33 %), inversión (13,2 %) o consumos intermedios (25 %).

Como es habitual, la mayor parte del déficit público se concentró en la administración central, que registró un déficit de 41.058 millones, un 3,1 % del PIB, tres puntos menos que en 2021.

Las comunidades autónomas registraron un déficit de 15.085 millones, casi el triple que un año antes (630 millones) y un 1,1 % del PIB, debido al efecto contable de la liquidación del ejercicio 2020, que ha sido compensado por el Estado.

De la misma manera, la liquidación negativa del ejercicio 2020 llevó a las entidades locales a registrar un déficit de 1.647 millones, un 0,1 % del PIB, tras años de superávit debido a una cuestión "técnica y coyuntural" de tipo contable.

El déficit de la Seguridad Social se redujo a la mitad -hasta los de 5.986 millones, un 0,5 % del PIB (en 2021 fue del 1 % del PIB)- debido al incremento de los ingresos derivados de los mejores salarios y el aumento del empleo, así como a los 37.665 millones recibidos de la Administración Central.

Asimismo, Montero ha destacado que en 2022 se autorizaron fondos europeos por 25.143 millones, un 13,6 % más que en 2021, un ritmo que se está acelerando en 2023, ya que hasta marzo se habían autorizado proyectos por 10.757 millones.

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Los afectados lamentan que esta situación "se veía venir", que también exige la dimisión del consejero Gerardo Dueñas (Vox), y del resto de su equipo "por incompetencia". Dueñas, por su parte, cree que "quizá se ha llevado muy al extremo la defensa de la salud pública".