Hasta el sábado había un principio inquebrantable en la UE: los ahorros de los ciudadanos no servirían para costear un rescate. Diez horas de negociación han sido suficientes para saltárselo y entrar en un terreno hasta ahora, desconocido. Para muchos economistas se trata de una decisión, drástica, peligrosa y sin justificación. "Los chipriotas están secuestrados por una decisión política, se ha incumplido el Tratado de Roma", explica José Carlos Díez.

Ni tan si quiera los depósitos de menos de 100.000 euros están garantizados tal y como recogen los tratados de la UE. Para sortear las leyes han vestido la decisión con el traje de un impuesto. Un aviso para el resto de países europeos. "Tiene toda la pinta de ser un aviso a navegantes. Cuidado: los próximos en pedir rescate tendrán que ofrecer a cambio la cabeza de la población o parte de la misma", señala Simón Pérez.

Bruselas dice que no se está discutiendo aplicar medidas similares a otros países como España o Italia. El Gobierno español también mantiene que la medida de Chipre es excepcional.

Tocando los ahorros de los chipriotas, Europa recaudará 5800 millones de euros. Según ellos no había otra alternativa, pero los economistas creen que había otras salidas. Creen que el experimento chipriota, impensable hace un año, pondrá a prueba la estabilidad que la zona  euro había empezado a recuperar.