El decreto ley ha sido respaldado por PP, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Ciudadanos y Foro Asturias han optado por abstenerse, mientras que EH-Bildu ha votado en contra.
A continuación, el Congreso ha rechazado tramitar la norma como proyecto de ley, como pedían Unidos Podemos, Ciudadanos y los independentistas de ERC y PDeCAT, con lo que se ha cerrado la puerta a introducir modificaciones.
Contra esta tramitación se han pronunciado PP, PSOE, PNV, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias. La norma, en vigor desde que la aprobó el Consejo de Ministros, eleva a rango de ley la proporción de una VTC por cada treinta licencias de taxi que estableció Fomento en 2015.
Durante su defensa ante el Pleno del Congreso, el ministro Iñigo de la Serna ha argumentado que el decreto ley permite "dotar de mayor seguridad jurídica" a esta proporción, y así "garantizar una convivencia ordenada y armónica" entre el taxi y las empresas VTC.
El ministro ha rechazado que las medidas adoptadas por el Gobierno, este decreto ley y la prohibición del traspaso de licencias VTC en los dos primeros años, así como una mayor exigencia de información, no son "parches", incidiendo que este mismo decreto anticipa próximas medidas para avanzar "en ese proceso de mejora de competitividad".
Así, ha recordado que promueve la convocatoria de la Conferencia Nacional de Transportes para que el Gobierno, en coordinación con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones profesionales del sector, adopten medidas en este sentido.