750.000 millones de euros. Es la dotación del ambicioso fondo de reconstrucción europeo planteado por la Comisión. Susana del Río, directora del grupo de Expertos de la Convención sobre el futuro de Europa, asegura que esta negociación “significa muchísimo”, ya que “aumentará la credibilidad de los ciudadanos en el proyecto europeo”.
Cuánto se destina a transferencias a fondo perdido y cuánto a préstamos es uno de los escollos que divide a los Estados miembros. Países Bajos, Dinamarca, Austria y Suecia -los llamados frugales- quieren dar más peso a los créditos a devolver y que las transferencias directas, de haberlas, sean mínimas.
Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE Business School, ve “muy importante” que las transferencias sean a fondo perdido, ya que anticipa que el déficit de la economía española “se va a disparar” este año.
El segundo gran punto a convenir son las condiciones para el desembolso. El bloque duro, al que se suma Finlandia, opta por una estricta condicionalidad, con reformas estructurales en pensiones o mercado laboral. Para Díaz-Giménez, España tendrá que ceder para tener algún compromiso “aunque sea a medio plazo”.
Países Bajos aboga además porque la aprobación de esos planes de reformas de cada país se haga por unanimidad. Al otro lado de la balanza están España, Portugal o Italia, que rechazan la capacidad de veto de un socio sobre los demás y defienden una asignación de fondos ligada a reformas e inversiones en economía verde y digital, pautadas en el Semestre Europeo.
El objetivo de la Comisión Europea es lograr un acuerdo durante el mes de julio para que los Estados dispongan del dinero cuanto antes, a finales de este año o principios de 2021.