Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 pretenden combatir los efectos de la inflación con un aumento del gasto social y una apuesta por las inversiones para mejorar la competitividad del país, que se financiarán con una mayor recaudación tributaria y con la aportación de los fondos europeos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha entregado este jueves el proyecto presupuestario en el Congreso de los Diputados, donde ha reclamado a los grupos "un diálogo franco" y "sentido de Estado" para sacarlos adelante.

Las cuentas de 2023 consignan un gasto no financiero de 248.211 millones, un 2,7 % más -en parte por la incorporación de 25.156 millones de fondos europeos-, y una previsión de ingresos récord (307.445 millones, un 6 % más) gracias al crecimiento económico, la inflación y las nuevas medidas fiscales, como los gravámenes a banca y energéticas o el ajuste en el impuesto de sociedades.

Sin embargo, estos ingresos no incluyen el nuevo impuesto a las grandes fortunas, cuya recaudación se destinará directamente a financiar las futuras medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania, también sin presupuestar y que se concretarán a final de año.

Las pensiones subirán un 8,5%

Los Presupuestos recogen un importante crecimiento de la partida de pensiones (11,4 %) para sustentar la revalorización de las pensiones con el IPC, que rondará el 8,5 %, la misma cuantía que subirán las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital.

Otro de los grandes aumentos de gasto se centra en las inversiones, que aumentan un 33,1 % hasta un récord de 11.867 millones, aupadas tanto por el presupuesto nacional como por el Plan de Recuperación.

Las infraestructuras contarán con 11.794 millones -incluidas las del sector público empresarial-, sobre todo para ferrocarril (5.400 millones), carreteras (2.290 millones), hidrológicas (1.114 millones) y puertos (1.067 millones).

La política de vivienda se incrementa en un 5,4 %, con novedades como una dotación de 1.600 millones para la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes o la ampliación del bono joven alquiler.

Por lo que respecta a industria y energía, suma un presupuesto de 11.600 millones, un 2,6 % más, incluidos 525 millones para rehabilitación energética de edificios y 455 millones para un plan de instalación de puntos de recarga y adquisición de vehículos eléctricos.

La dotación para educación aumenta un 6,6 %, con una nueva ayuda de estudio por necesidades especiales (por ejemplo, de desplazamiento), más dotación para prevenir el abandono escolar o un importante incremento de recursos para luchar contra el acoso escolar.

El presupuesto sanitario crece un 6,7 %, con más recursos para atención primaria, salud mental, salud bucodental y una dotación de más de 1.100 millones para la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La ciencia contará con 16.328 millones, un 22,8 % más, con los que se crearán el centro nacional de vulcanología y la agencia espacial española, y se pondrá en marcha un plan para atraer y retener el talento.

El presupuesto de fomento del empleo aumenta un 5 %, con una partida de bonificaciones a la contratación de 2.076 millones y 130 millones para bonificar las cuotas a la Seguridad Social de las empleadas del hogar por desempleo.

La política de agricultura contará con 8.868 millones, un 0,3 % más, que en parte se destinarán a mejorar la rentabilidad de explotaciones ganaderas, modernizar los regadíos o subvencionar el seguro agrario.

Crece asimismo la dotación para combatir la violencia de género (260 millones, 51 millones más), dependencia (con 822 millones para el plan de apoyo y cuidado de larga duración) o la dotación para el bono social térmico (255 millones, un 62 % más).

En cambio, el presupuesto de la Casa del Rey se mantiene congelado por tercer año consecutivo en 8,43 millones de euros. La presidencia de la UE contará con un presupuesto de 145 millones.

Cataluña y Andalucía, las autonomías que más inversión recibirán

Cataluña y Andalucía son las dos comunidades autónomas que recibirán mayor inversión territorializada del Estado en los PGE de 2023, con un 17,2 % de los fondos para cada una.

Se trata de dos de las comunidades más pobladas, mientras que las dos siguientes, Madrid y la Comunidad Valenciana, se quedarán en el 9,7 % y 9,4 %, respectivamente.

En el caso de la Comunidad de Madrid, donde vive el 14 % de la población española, su participación en la inversión del Estado ha aumentado casi un punto porcentual, desde el 8,9 %, que alcanzó en 2022, hasta el citado 9,7 %.

Según recoge el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, del total de inversión real del sector público estatal, Andalucía recibirá el próximo ejercicio 2.318,85 millones de euros; Cataluña 2.308,92; la Comunidad Valenciana 1.269,46; Madrid 1.305,35; y Galicia 1.077,88.

Las que más suben respecto a 2022 en su participación sobre el total son Madrid, que mejora un 0,8 %, seguido de Cantabria, Castilla–La Mancha y Extremadura, que mejoran todas un 0,4 %.

Por el contrario, baja Murcia, en dos puntos, y Castilla y León, en 0,6 %.

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