En España cada año acaban en la basura 1.364 millones de kilos de alimentos, según el Ministerio de Agricultura. Un desperdicio que el Gobierno ahora pretende atajar con un nuevo proyecto de ley aprobado este lunes en el Consejo de Ministros, que incluye actuaciones a lo largo de toda la cadena alimentaria: desde la cosecha hasta el consumo.

Así, la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario establece que todos los agentes deben contar con un plan de prevención frente al despilfarro de comida, así como una jerarquía de prioridades donde la primera es la alimentación humana, a través de donaciones a ONG o bancos de alimentos.

El segundo orden de esta jerarquía contempla que los alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas de consumo sean transformados en otros productos, como zumos o mermeladas. En tercer lugar, aquellos alimentos que no sean aptos para el consumo humano se destinarán a la alimentación animal o a la fabricación de piensos, o bien para su uso en la industria, obtener compost o combustibles como el biogás.

Hospitales, escuelas o residencias que ofrezcan servicio de catering o comedor también deberán deberán cumplir con esta jerarquía. Además, los agentes de la cadena alimentaria deberán tener instalaciones y personal con la formación adecuada para minimizar las pérdidas y sistemas para garantizar la cadena de frío.

A su vez, la nueva norma prevé que los productos con fecha de consumo preferente vencida deban presentarse al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o bien que se destinen a la donación.

Por su parte, bares y restaurantes tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevarse a casa lo que no hayan consumido en envases reutilizables y sin coste adicional y tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o el menú.

La ley también prevé que las empresas distribuidoras de alimentos y las administraciones promuevan la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. En este sentido, los establecimientos de venta al por menor con una superficie que fijarán las comunidades autónomas (superior, en cualquier caso, a los 400 metros cuadrados), deberán fomentar líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos pero que estén en condiciones óptimas de consumo. Asimismo, deberán incentivar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, y mejorar la información sobre su aprovechamiento.

Además, la nueva ley dispone la adopción de medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención del desperdicio alimentario e incluso la posibilidad de poner en el mercado los productos con fecha de consumo preferente sobrepasada.