El president de Cataluña, Pere Aragonès, ha anunciado un "escudo social" de casi 300 millones de euros para ayudar a familias vulnerables, jóvenes, al sector primario y las empresas catalanas, un paquete de medidas para afrontar el encarecimiento del coste de la vida y la crisis energética.

En el debate de política general en el Parlament, el jefe de la Generalitat ha presentado una batería de medidas de hasta 297,8 millones de euros. "Ponemos en marcha un escudo social para hacer frente al aumento del coste de la vida y para que esta nueva crisis no implique aumentar aún más las desigualdades", ha indicado.

Algunas de esas medidas serán de aplicación inmediata en el actual ejercicio presupuestario, pero la mayoría de ellas se ejecutarán a partir de los presupuestos de 2023.

Ayudas a las familias

Así, el Govern destinará 100 millones de euros a partir de 2023 para ayudar a familias de rentas bajas y medias con hijos escolarizados. La ayuda será de 100 euros por alumno y se ejecutará a través de una deducción del tramo autonómico del IRPF. Incluirá a alumnos desde infantil 3 a cuarto de la ESO del sistema público, incluyendo a los alumnos de la educación concertada. El Ejecutivo catalán aún no ha detallado qué porcentaje de los escolares actuales se beneficiará de esta medida, que se concretará en la ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos.

Por otra parte, una de las medidas que ya se prevé dentro del actual ejercicio presupuestario es un aumento del 50% de laayuda para familias vulnerables para pagar la factura energética de este invierno, para lo que se destinarán 8,8 millones en total que se sumarán a los 17,5 millones que ya recibían estas familias hasta el momento.

Según la Generalitat, 100.219 hogares que ya están incluidos en el bono social térmico recibirán este incremento, además de la ayuda que ya tenían: el importe por hogar oscilará entre 41 y 186 euros, con lo que las familias vulnerables recibirán entre 125 y 560 euros y podrán adquirir entre cinco y 21 bombonas de butano, en función de su vulnerabilidad.

La medida tiene un plazo previsto de tres meses desde el inicio del trámite hasta que llegue el dinero a cada hogar y se contempla que se alargue durante los próximos meses de invierno.

Alquiler y transporte para jóvenes

Las medidas incluyen asimismo ayudas al alquiler para jóvenes, que se pondrán en marcha esta misma semana, dotadas con 29 millones de euros. Estarán dirigidas a jóvenes de hasta 36 años y pueden llegar a los 250 euros mensuales por persona, según los ingresos y el precio del alquiler y siempre que no perciban otra ayuda de carácter estatal.

Si hubiera más de un joven titular del mismo contrato de alquiler, se podrá solicitar la ayuda de manera individual, y si más de uno resulta beneficiario en una misma vivienda, la suma no podrá superar el importe mensual del alquiler o el precio de la cesión.

Por otro lado, con un importe total de 30 millones de euros, pero en este caso a partir de los presupuestos de 2023, el Govern ampliará hasta los 30 años la tarifa bonificada de transporte público para jóvenes a través de la T-Jove, una tarjeta que hasta ahora estaba dirigida a los jóvenes de hasta 24 años.

Medidas energéticas

Por otra parte, y ante la crisis energética mundial por la guerra en Ucrania, pero también debido a la emergencia climática, el Govern acelerará la instalación de plantas de producción de energías renovables y biogás a partir de los presupuestos del año que viene, con un importe total de 67 millones.

También se impulsará una línea de subvención dotada con 40 millones para la retirada de amianto e instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, destinado sobre todo al sector primario y se abrirán oficinas de transición energética para pymes, para lo cual se destinarán 2,2 millones de euros.

A su vez, se potenciará la instalación de fuentes de energía renovables para autoconsumo, reforzando la línea de subvención a proyectos de particulares, empresas y comunidades, para lo que se destinarán 51,3 millones, y se estimulará el ahorro energético con una línea de ayudas a comunidades de vecinos y empresas para instalar sistemas automáticos de encendido y apagado de luces.

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