El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha señalado que "los inversores van a estar en este país cuando haya estabilidad regulatoria" y ha afirmado que "si hacemos los deberes y estamos mejor colocados que los demás, no tendremos problemas".
Así lo dijo el máximo responsable de la organización empresarial durante su intervención en la Asamblea General anual que celebró en Madrid y que es la primera que Garamendi preside, después de que fuera elegido presidente de CEOE el pasado mes de noviembre y en la que aprovechó para agradecer a su antecesor, Juan Rosell, su trabajo.
El representante de los empresarios en España comenzó su discurso apelando a la "responsabilidad" de los partidos políticos para formar Gobierno, la "estabilidad" y la "moderación", ante las dificultades para que se produzca un acuerdo que dé lugar a un nuevo Ejecutivo.
Garamendi subrayó que "si hacemos los deberes y estamos mejor colocados que los demás, no tendremos problemas", dado el contexto internacional marcado por la guerra comercial, la desaceleración económica y el 'Brexit'. El presidente de CEOE citó la digitalización, la globalización y la transición ecológica como los principales retos que se presentan para España.
Citó la falta de inversión en I+D+i, del 1,3% del PIB en España frente al 3% en el mundo; la escasez de participantes en la formación profesional dual; una gestión de la transición ecológica sin "demagogias" y adecuada, o el objetivo de que la industria tenga un peso del 20% sobre el PIB en 2020 y permita que haya más empleos estables.
Por otra parte, Garamendi quiso referirse a la fiscalidad como "otra forma de romper la competitividad de las empresas". En este sentido, manifestó preocupación por el nivel de la deuda pública, en el 98%, y el déficit público, y apuntó que desde CEOE se va a "poner el foco en la eficiencia del Estado, de forma leal, de forma positiva", con propuestas de mejora.
Expuso que la presión fiscal en España es superior a la media europea y que las cotizaciones sociales son un "impuesto", situado en el 30% en España mientras que en la UE es del 25%, al tiempo que "la subida del gasto público en España es del 4,4% frente a la subida del PIB del 2,4%, y, sin embargo, nadie habla de qué pasa con la economía sumergida".