Vanesa y Pedro no tienen ningún ingreso. Con un niño de casi cuatro años y otra en camino, llevan cinco meses esperando que la Xunta de Galicia les conceda una ayuda de emergencia, la Renta de Integración Social (RISGA). “Me comentaron que estaba en trámites y estamos sin respuesta”, cuenta Pedro.
Su Ayuntamiento, Teo, en A Coruña, les ayuda a comprar alimentos y a pagar el alquiler. Sin embargo, sin un empleo con el que mantenerse, la demora de la Xunta de Galicia podría dejarlos en la calle. Vanesa afirma: "miro por mi niño porque va a necesitar libros, merienda para la escuela y necesita tener su comida todos los días".
La Renta de Integración Social de Galicia es una prestación para personas que están en una situación límite. Por ley, debe resolverse en un máximo de dos meses, pero actualmente se está demorando hasta un año. "No pueden hacer frente a pagos como la factura de la electricidad y el alquiler, es decir, se exponen a un desahucio de una vivienda e eincluso a que su nevera esté vacía", manifiesta Marta, miembro del Colegio Oficial de Trabajo Social.
La media de esta prestación es de 390 euros, siendo un apoyo para poder tirar hacia adelante. Eso es lo que pidió también Paqui, de Vigo. Sin ingresos, vive con su hijo, su nuera y su nieto en una casa de alquiler. Once meses ha tardado la Xunta en contestar y le han concedido sólo 37 euros. Desesperada, se propone iniciar una huelga de hambre.
"Una barra de pan al día es lo que voy a poder comprarme con 37 euros y no voy a tener casa donde vivir porque tampoco la puedo pagar", asegura. Las familias que solicitan la RISGA se han triplicado desde el inicio de la crisis. Sin una oportunidad laboral, sus perceptores sólo piden que su ayuda no llegue demasiado tarde.