La aparente realidad del 'caso Negreira', hasta la fecha, es la siguiente: el FC Barcelona habría abonado cerca de siete millones de euros al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros desde 2001 hasta 2018 para que fuera "neutral".

Éticamente, la relación entre el conjunto azulgrana y José María Enríquez es más que reprobable, pero según la nueva ley del deporte, los delitos que se hubieran cometido en términos de competición ya han prescrito, por lo que las sanciones deportivas como el descenso quedarían erradicadas.

Sin embargo, sí podrían darse castigos administrativos. La Fiscalía se encuentra investigando si las asesorías realizadas por Negreira se hicieron de forma real o eran una simple 'excusa' para los pagos.

Por ello, en este punto se vislumbran dos posibles delitos: uno de corrupción entre particulares y otro de administración desleal.

El primero podría ser castigado con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel para directivos y colegiados que "tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición profesional".

Por otro lado, investigado si realmente los servicios del exárbitro se dieron, las partes podrían haber incurrido en un delito de administración desleal.

Las penas podrían llegar hasta los tres años de cárcel si se demuestra una corrupta administración del patrimonio ajeno que hubiera incurrido en un "perjuicio patrimonial" para los socios.

Si la Fiscalía logra demostrar uno de estos dos delitos, procedería a denunciarlo ante Justicia y el proceso tomaría tintes aún más graves.

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