El Comité de Competición ha sancionado al Sporting con el cierre parcial del sector de la grada de El Molinón desde el que se vertieron insultos y cánticos de tinte racista contra el jugador del Athlétic de Bilbao Iñaki Williams en el primer partido de la temporada, sanción ante la que el club ha mostrado ya su "más absoluta disconformidad".
La sanción fue recibida al mediodía en la sede del club gijonés, cuyo consejo de administración ha elaborado una nota en la que asegura que "la sanción no es ajustada a derecho, es injusta y desproporcionada, como se pondrá de manifiesto en el recurso que se interpondrá ante el Comité de Apelación de la propia Federación Española de Fútbol".
Según el club gijonés, "consta acreditado en el expediente que el club cumplió diligentemente con sus obligaciones y adoptó las medidas de prevención exigidas en la normativa y la legislación vigentes como así lo recoge el informe del partido así como el del coordinador de seguridad".
El Sporting añade que "en todos los informes de los agentes intervinientes en el encuentro, no sólo se pone en duda los hechos denunciados, si no que se deja constancia del cumplimiento de todas y cada una de las medidas de prevención establecidas". Además el club gijonés recuerda "la imposibilidad de identificar a los posibles responsables de los gritos denunciados a pesar de haber realizado diversos visionarios de las imágenes de la Unidad de Control Operativo dependiente de la Liga de Fútbol Profesional".
El Sporting añade en su escrito que "la propia ley es clara al establecer que en el caso de que, tomadas todas las medidas exigidas y cumplidas las obligaciones diligentemente, aun aconteciendo un hecho que pudiera calificarse como racista, violento o xenófobo, no debe éste derivar en responsabilidad para el club".
Por último, y tras recordar que el Sporting siempre ha mostrado su "rechazo ante cualquier ofensa falta de respeto o muestra de intolerancia", anuncia que en caso de que Apelación no revoque esta sanción "acudirá a la jurisdicción contencioso administrativa con el fin de conseguir dejar sin efecto la resolución dictada".
