El ministro de Cultura José Guirao ha solicitado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a través de la Abogacía General del Estado, autorización para intervenir por un plazo de seis meses la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), según ha dicho en un comunicado el Ministerio de Cultura.

El Ministerio ha afirmado que esta medida se ha adoptado conforme al artículo 192.9 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), en el marco del procedimiento de revocación de la autorización de la entidad de gestión que el Ministerio puso en marcha con el apercibimiento emitido el pasado mes de septiembre. Si el juez autoriza su petición, Guirao nombrará un gestor interino constituido bajo la forma de una comisión, según establece la ley.

Esa comisión, que asumiría las funciones legales y estatutarias de los órganos de gobierno de la entidad removidos, tendría como fin "regularizar" el funcionamiento institucional de la entidad, "clarificar" su gestión e "implantar" cuantas medidas fueren necesarias para cumplir "las obligaciones legales previstas en la normativa vigente en materia de propiedad intelectual".

Cultura cree que el apercibimiento que envió hace "más de tres meses", concretamente el 27 de septiembre a la SGAE, para que "subsanara o corrigiera" varios "incumplimientos graves", no ha sido cumplido y que "concurren razones de urgencia para realizar esta solicitud al juez".

Por su parte, la SGAE tendría que haber presentado ante este Ministerio la solicitud de aprobación de modificación de sus estatutos, previamente aprobada por su asamblea general, según lo establecido por la ley. Además, la entidad tendría que haber constituido una junta directiva a través de un procedimiento que garantizara el respeto de todos los derechos reconocidos a sus miembros, incluido el ejercicio del derecho al voto electrónico.

A todo ello se suma que la SGAE debería haber adoptado las medidas que permitieran que el reparto, correspondiente al ejercicio 2018, de los derechos por la comunicación pública de obras de su repertorio en televisión cumpliendo con lo dispuesto en la ley y que ese reglamento de reparto se ratificara en su asamblea general.

Pedro Almodóvar, Isabel Coixet y otro centenar de autores ya habían reclamado al Ministerio de Cultura y Deporte que solicitara judicialmente la intervención de la Sociedad General de Autores y Editores para garantizar los derechos de los autores, algo que, según habían expresado, no se cumplía con los gestores de la entidad.