El juez imputa a Ramoncín los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal, así como falsedad documental.
En una providencia, el juez cita a Ramoncín basándose en un informe aportado por la Guardia Civil en el cual se han analizado facturas emitidas por el cantante o por su editora musical Júpiter Musical S.L. al grupo SGAE entre 2004 y 2012, por un valor total de 170.552 euros.
Según este informe, se generan dudas sobre la forma de contratación observada y, en algunos casos, sobre la realidad de los servicios o productos por los que el grupo SGAE retribuyó al cantante, han indicado fuentes jurídicas.
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