El estado de 44 piezas artísticas del patrimonio del Monasterio de Sijena, lugar en el que se encuentran actualmente tras ser depositadas hace un año provenientes del Museu de Lleida, ha reavivado, e incluso recrudecido, las relaciones de tensión que tienen Aragón y Cataluña en estos momentos.
El presidente de los aragoneses, Javier Lambán, ha trasladado precisamente al Monasterio de Sijena, lugar en el que se encuentran esas 44 piezas, la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y lo ha hecho para erigir este pequeño municipio de la provincia de Huesca en "símbolo" del Estado de derecho frente a las "falacias y mentiras" de la Generalitat de Cataluña, a cuyo titular, Quim Torra, ha tachado de "personaje estrafalario y fascistoide".
Ha añadido que con él no ha hablado ni un solo minuto desde que ascendió a la Presidencia del Govern, aunque acto seguido ha matizado que le resulta improbable, por no decir imposible, que pueda compartir con él una conversación de media hora.
Desde Cataluña, aunque no con términos de este cariz, también se han vertido críticas por la gestión que el Gobierno aragonés está haciendo para la conservación y exposición de los bienes en Sijena. El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, el responsable del centro del que hace un año, de madrugada, se sacaron los bienes, ha expresado su "preocupación" por el estado de las obras en el monasterio.
Ha hablado en un acto organizado para presentar el libro "Operació trasllat. Art de Sixena", que rememora aquellos sucesos, envueltos, cabe recordar, por la tensión social que entonces se vivía en Cataluña por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Giralt ha lamentado que la Justicia aragonesa haya desestimado dos recursos interpuestos por la institución que dirige con los que pedía participar en el seguimiento del estado de las piezas. A su juicio, es pertinente "la duda" sobre que estos bienes se encuentren correctamente conservados, habida cuenta de "las humedades y la salinidad existentes en el monasterio" oscense.
En Barcelona, la consellera de Cultura, Laura Borràs, ha incidido en la ausencia de garantías que la Generalitat tiene sobre el estado de conservación de los bienes y en el pesar que el traslado causó en un sector de la clase política catalana; ha considerado aquella madrugada del 11 de diciembre de 2017 como "una noche de infausta memoria".
El presidente de Aragón, por su parte, ha anunciado que a finales de año o a comienzos del que viene volverá a presentar una demanda para exigir el retorno de los bienes que cree forman parte del patrimonio aragonés. Un año después, por tanto, ahora con Torra al frente de la Generalitat, la tensión entre dos comunidades vecinas no se ha suavizado.