La instalación entró en funcionamiento el pasado día 11 de julio, pese a que llevaba un año colocada en el edificio. Holaluz, la comercializadora eléctrica que realizó la instalación, ha criticado en un comunicado que los trámites de legalización por parte de la empresa distribuidora deberían haber durado unas semanas en lugar de un año, como ha ocurrido.

Esto, según la empresa, "pone de manifiesto las dificultades que existen en el sector energético español, que sigue sin facilitar el desarrollo de las energías renovables y el cambio de paradigma" en la generación de energía.

La legalización de la instalación de Rubí ha sido posible gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la prohibición del Gobierno de las instalaciones de autoconsumo utilizadas por varios vecinos de un mismo edificio.

Esta sentencia ha abierto ahora la posibilidad de llevar el autoconsumo compartido a otras urbanizaciones y viviendas del país, aunque Holaluz ha puntualizado que "no ha satisfecho del todo al sector", ya que esperaba, entre otras medidas, la eliminación del impuesto al sol.