La llegada de la pandemia ha puesto sobre la mesa las deficiencias de nuestro actual sistema de patentes. "Tenemos una lógica económica que prima sobre la lógica sanitaria", denuncia Daniel López Acuña, exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es decir: solo se inventa si hay mercado y, por tanto, beneficio. Una lógica cuyo ejemplo más claro es la vacuna contra la malaria. "Hemos tardado 22 años en desarrollarla, solo hay una y es una enfermedad que mata a 600.000 personas cada año", ilustra Rafael Vilasanjuan, director de ISGlobal.
Sin embargo, con el COVID-19, la primera pandemia global, se ha comprobado que esto no funciona y comenzado a buscarse alternativas. La primera, ya utilizada en la llamada 'ronda de Doha' en 2002, pasa por flexibilizar la propiedad intelectual.
"No es que se suprima la patente, sino que se liberaliza o se flexibiliza su uso para que sea menos el coste de la propiedad intelectual", precisa Acuña. Otros, como el presidente estadounidense Joe Biden, apuestan por la suspensión temporal de patentes.
Sin embargo, ninguna de las dos opciones convence a las farmacéuticas. "No creemos que el waiver de las patentes vaya a resolver a corto o medio plazo lo que es el incremento de producción de las vacunas", sostiene Juan López-Belmonte, presidente de Farmaindustria, la patronal del sector.
Si bien es cierto que la liberación de las patentes no va a traer una producción masiva de vacunas a corto-medio plazo, podría tener sus ventajas, como agilizar la producción de sus componentes. "Esos 200 o 300 elementos con los que se realiza una vacuna, muchos de ellos están bajo patente", apunta a este respecto Vilasanjuan, que indica que esto "en estos momentos es un cuello de botella".
La Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene la última palabra, pero los expertos consultados apuestan por una suspensión temporal y geográfica, "para aquellos países de rentas bajas y rentas medias-bajas", según Vilasanjuan.
El debate, aseguran, es muy necesario y, según Acuña, no es solo económico, sino también ético. "Los laboratorios requieren protección, no sobreprotección, porque eso frena la competencia para dar respuesta a las necesidades que tenemos de salud pública", argumenta por su parte Vilasanjuan.
