Este jueves, en el Congreso de los Diputados se ha aprobado la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología. Esta reforma sale adelante sin ningún voto en contra... pero con el rechazo de una parte de la comunidad científica.
La Asociación Española de Personal Técnico y de Gestión de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) denuncia que no se les ha escuchado, que no se ha tenido su voz en cuenta a la hora de tramitar una ley que "debilita" a lo que consideran "una gran familia" formada por "tres pilares": investigadores, técnicos y gestores.
Son palabras de Miguel Llorente, presidente de esta Asociación, que explica a laSexta que no se les ha "llamado a la puerta" a la hora de tramitar esta ley, siendo la propia comunidad científica la que se movilizó para proponer los pasos a seguir en esta normativa. "Lo triste es que los partidos nos han escuchado y han incluido las iniciativas, pero todos han votado en contra de todos", lamenta Llorente, que confiesa que esta ley está empezando a generar "tensiones internas" entre esos colectivos.
La Ley, denunciaban, deja atrás al personal técnico y de gestión, a quienes "no contempla los derechos" que sí que tienen los investigadores. "La propuesta de modificación de la Ley 14/2011 reconoce en su preámbulo la importancia de este colectivo como parte del sistema científico español, pero su articulado no lo dota de los mismos derechos de los que disfruta la escala investigadora", argumentan.
A esto, añaden que el personal técnico y de gestión "debe tener reconocida su carrera profesional en el mismo marco legislativo que el resto del personal investigador debido a su alto grado de especialización". La respuesta que encontraron por parte del PSOE, según explica Llorente, es que "no había líneas rojas", aunque la realidad ha sido bien distinta. "Han hecho presión para impedir las enmiendas. La contestación que nos dieron fue que el desarrollo de la carrera se va a realizar en función del Estatuto Básico del Empleado Público. El Ministerio se ha mantenido en sus 13", critica.
Objetivo conseguido: se reconocen las carreras de técnicos y gestores
Tras estas críticas públicas, unidas a las movilizaciones frente al Congreso de este jueves, en la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología se incluyen dos enmiendas en las que se reconocen las carreras del personal técnico y de gestión.
Esta ley es una de las exigencias de Bruselas para dotar a España de la nueva partida de Fondos Europeos de recuperación por la pandemia de coronavirus, algo que desde la organización ven clave en cuanto al consenso alcanzado por las distintas formaciones.
"En la ciencia, no funciona nada si no funcionamos todos. Nuestra reclamación ni siquiera tiene efectos presupuestarios: pedimos el reconocimiento de un derecho", explicaba Llorente a laSexta, un reconocimiento que, finalmente, ha llegado sobre la bocina.
Polémico cese de la presidenta del CSIC
A esta situación, se suma el cambio en la dirección del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que se oficializó este miércoles. Fue la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, la que anunció a Eloísa del Pino Matute como nueva jefa de la institución, sustituyendo a Rosa Menéndez, que llevaba al frente del mismo desde 2017.
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"Es el tiempo de la acción y de dejar atrás los diagnósticos, ya los tenemos, los conocemos, disponemos del mapa de la situación y del contexto amplio y preciso, ahora lo que necesita el CSIC, la ciencia y la sociedad es que demos respuestas contundentes e inmediatas", dijo Morant. Lo cierto es que desde el propio organismo ven con preocupación este cambio, que ha supuesto, en palabras de Llorente, "un auténtico terremoto". "Estamos muy preocupados. Está siendo un camino lleno de dificultades, un jarro de agua fría que nadie esperábamos", asegura.
Lo que reclama la comunidad científica es "estabilidad", que les dejen trabajar con unos plazos "que superan a los políticos". "Nos están cambiando las normas cada dos por tres", lamenta.
¿Qué más dice esta ley?
La nueva Ley de Ciencia ha pasado por cuatro meses de tramitación en el Congreso. La normativa busca dar, en palabras de Morant, un "impulso a la ciencia en nuestro país" tras "una década de retroceso", así como "proporcionar dignidad a nuestros investigadores". "Tengo la certeza de que estamos ante la mejor ley", ha añadido este jueves.
Entre las novedades, se incluye una nueva modalidad de contrato indefinido para personal de investigación, técnico y de gestión, fijando un nuevo objetivo presupuestario para 2030 del 1,25% del PIB, por el 0,58% actual.