El año 2020, está marcado por el inicio de una agenda europea más restrictiva para los fabricantes de automóviles en cuanto a emisiones de CO2. La UE se ha puesto seria con este asunto y el contador de las multas empezará a correr desde el 1 de enero.

Durante los 366 días del próximo año, las flotas tendrán que cumplir con la nueva normativa: el total de CO2 que emita la media de los coches vendidos por cada marca no debe exceder de 95 gramos por kilómetro, bajo multa de 95 euros por cada gramo de más.

Las marcas ya prevén que recibirán multas millonarias. Si un fabricante, por ejemplo, 'coloca' en el mercado europeo 300.000 coches en 2020 y el exceso de CO2 arroja una media de 110 gramos por unidad, la multa que aplicaría la UE será de 4,5 millones de euros, o sea, 15 euros por cada vehículo vendido.

El plan nacional incluye reformas, medidas y cifras

Sobre este tipo de movilidad, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30 (PNIEC) incluye una reforma fiscal en relación con el actual impuesto de circulación que recaudan los ayuntamientos, para usar criterios basados en las emisiones contaminantes.

La reforma se encamina a la penalización de los vehículos más antiguos, generadores de más emisiones y más contaminación. Sobre las medidas legislativas, el PNIEC prevé que, en coordinación con las autoridades locales, se promueva la aplicación de medidas de restricción del tráfico y gestión del aparcamiento en vía pública, de manera que se penalice a los vehículos más antiguos.

El texto especifica que la electrificación masiva del parque de vehículos 'solo se conseguirá' cuando se alcance la paridad de precio entre vehículos eléctricos y de combustión. Según estimaciones de los fabricantes, esta paridad se podrá alcanzar hacia el año 2025, debido al descenso esperado en el precio de las baterías.

En medio de la guerra de cifras entre fabricantes y el Gobierno, el PNIEC considera que se alcanzará un parque de vehículos eléctricos de 5 millones en 2030 (turismos, furgonetas, buses y motos). Por su parte, los fabricantes prevén que haya 2,5 millones de eléctricos para 2030, la mitad que estima el Gobierno.

Anfac ha planteado la necesidad de una inversión pública en España de 1.000 millones de euros y la implantación de 200.000 puntos de recarga en el horizonte de 2030, cuando pretende que el 30 % de las ventas de vehículos sean de eléctricos.

Un estudio de Monitor Deloitte calcula que, únicamente en términos de estacionamientos de la vía pública o en aparcamientos públicos, se necesitarían entre 65.000 y 95.000 puntos de recarga, si se quiere alcanzar la circulación de 5 millones de vehículos eléctricos en 2030.