Pagar una tasa por usar las carreteras: esto es lo que plantea el Gobierno

Dentro del marco del primer simposio del Observatorio de la Movilidad organizado por El Español e Invertia, José Luis Ábalos, Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha puesto sobre la mesa una de las ideas que sopesa el Gobierno: crear una tasa por usar las carreteras de alta capacidad en función del usuario. O lo que es lo mismo: pagar por circular por determinadas vías dependiendo de nuestro perfil.

Hace unas semanas, el Ejecutivo abrió a consulta la nueva ley de movilidad que está preparando donde se plantea esta medida. Una propuesta que no está definida: cuando se lleve a cabo la redacción de la norma con los distintos grupos de trabajo, se decidirá si, finalmente, se apuesta por esta medida o se guarda, de nuevo, en el cajón.

Pagar en función del perfil

¿Qué se sabe de ella hasta ahora? El planteamiento inicial proponía que todos los usuarios pagasen un canon, pero José Luis Ábalos ha matizado esta idea sugiriendo que aquellos conductores que necesiten circular por estas carreteras para ir a trabajar estén exentos de estos hipotéticos peajes.

La cantidad no está definida, aunque siempre se ha hablado de un peaje blando. Según informa ABC, las constructoras plantearon un peaje de 9 céntimos por kilómetro para los vehículos ligeros y de 19 para los pesados. Sea como sea, parece que las cifras no serían de carácter nacional ya que las tasas también se fijarían, como decíamos, en función del perfil del usuario: particular o profesional.

Financiar la conservación de carreteras

La idea del Gobierno es llegar a un consenso sobre el tema explicando la carga que supondría imponer peajes en carreteras libres de coste. Una idea que no es nueva puesto que lleva varios años en pausa esperando una activación impulsada por el estado de conservación de estas carreteras, que arrastran un importante deterioro.

Con la anterior crisis, la inversión en ellas se desplomó y aún no se ha recuperado. El objetivo de estas tasas sería, por lo tanto, responder a las necesidades de financiación que requiere la conservación de las infraestructuras existentes ya que concentran todo el presupuesto público actual dejando poco margen para las nuevas obras.