Los radares, los ya conocidos radares, han demostrado ser uno de los instrumentos más efectivos en la lucha contra el exceso de velocidad, una de las principales causas de siniestralidad en nuestras carreteras. El uso de estos dispositivos por parte de las autoridades parece, no obstante, fruto de un afán recaudatorio en algunos casos, poniendo en duda el verdadero propósito de éstos aparatos tan complejos como efectivos cuando están bien empleados.

Y es que, en ocasiones, la DGT utiliza de forma incorrecta sus radares, bien sea por despiste o por negligencia en sus procedimientos. Es precisamente lo que denuncia estos días Automovilistas Europeos Asociados (AEA): determinados radares de la DGT ubicados en carreteras convencionales están imponiendo miles de sanciones ilegales al no estar correctamente programados por parte de las autoridades. VER VÍDEO.

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El exceso de velocidad sigue siendo, a día de hoy, el caballo de batalla de la DGT, que tiene fijado su objetivo en la reducción de la siniestralidad derivada de esta actitud. Y es que ya no sólo en carretera, sino en entornos urbanos, el exceso de velocidad causa anualmente centenares de víctimas y miles de heridos de mayor o menor gravedad.

Son varias las medidas que se han tomado ya, destacando principalmente la entrada en funcionamiento de un nuevo límite de velocidad en entornos urbanos, descendiendo la velocidad máxima genérica de 50 a 30 km/h. Sin embargo, parece no ser suficiente para el fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado, Bartolomé Vargas, que en unas recientes declaraciones apuesta claramente por el uso aún más extendido de los radares de velocidad en entornos urbanos.