La DGT está preocupada por un fenómeno que ha adquirido una relevancia inusitada en los últimos años. Se trata del masivo aumento de vehículos que se encuentran en situación de baja temporal, un estado legal que fue creado hace años para facilitar la vida a miles de conductores que necesitan mantener su coche de baja durante un tiempo, pero que no quieren -ni pueden- dar de baja su coche de forma definitiva.

La baja temporal está prevista para determinados casos: cuando por asuntos personales el vehículo va a estar un largo periodo de tiempo parado, sin circular, cuando el vehículo se entrega a un compraventa o cuando un vehículo ha sido sustraído. En estos casos, el vehículo puede darse de baja siguiendo un sencillo trámite que se puede llevar a cabo incluso de manera telemática, y que apenas tiene un coste de 8.5€ para el usuario.

Es en este punto cuando la DGT ha comenzado a sospechar: el año pasado el número de bajas totales fue de aproximadamente 700.000 vehículos, y de esas bajas la mitad fueron bajas temporales, una cifra claramente distorsionada si tenemos en cuenta que en 2004, hace 15 años, el porcentaje de bajas temporales respecto al total de trámites de baja fue de apenas el 5%.

¿Qué está sucediendo con las bajas temporales? La DGT sospecha que la mayoría de bajas temporales las están llevando a cabo algunos desguaces, que en lugar de tramitar una baja definitiva -para eso sirve un desguace- han dado de baja el vehículo de forma temporal para ahorrarse dinero y crear una especie de "fondo de piezas", un mercado negro que incluso podría llegar a ser de vehículos enteros que se exportan a otros países.

Para luchar contra los llamados "coches zombies", la DGT ha decidido iniciar una campaña de envío masivo de cartas a los propietarios de vehículos en régimen de baja temporal con un simple propósito informativo. Con ello se pretende que los propietarios se aseguren de que, si han enviado un vehículo al desguace, éste haya sido dado de baja definitiva y posteriormente achatarrado siguiendo los protocolos establecidos por la ley.