La extrema derecha ha vuelto a salirse con la suya y dado un paso más para culminar su entrada en las instituciones. Con el pacto en Aragón, ya son cuatro los Ejecutivos autonómicos en los que Vox ha conseguido penetrar de la mano del Partido Popular, tras lograrlo por primera vez en Castilla y León el año pasado y, después del 28M, también en Extremadura y la Comunitat Valenciana.

Regiones donde el partido de Santiago Abascal deja ya su impronta ultra, al igual que en aquellos ayuntamientosdonde la alianza PP-Vox ha borrado las concejalías de Igualdad y las banderas LGTBI, cebándose también con la cultura y las políticas de movilidad sostenible.

Así las cosas, solo queda una última región donde los 'populares' mantienen el pulso con Vox, tras una investidura fallidaa principios de julio: Murcia. Allí, el PP de Fernando López Miras quiere gobernar en solitario, aunque está dispuesto a llegar a acuerdos programáticos con la extrema derecha, que no renuncia a entrar en el Ejecutivo.

De hecho, tras el pacto en Aragón, Vox ha enviado un mensaje al PP murciano a través de las redes sociales, para que tome ejemplo. "El PP de Aragón ha entendido el mandato de las urnas, no así López Miras que veta continuamente a Vox en la Región de Murcia, y niega a los murcianos un Gobierno serio y estable para los próximos cuatro años", ha reprochado, aunque asegura seguir "con la mano tendida".

En esta comunidad, el PP obtuvo 21 escaños el pasado 28M, pero necesita al menos la abstención de Vox, que tiene nueve diputados, para investir a López Miras. Sin embargo, las relaciones entre ambas partes están tirantesy en los últimos días el presidente murciano en funciones ha lamentado la negativa de Vox a sentarse a negociar con "distintas excusas y justificaciones", mientras que la ultraderecha le acusa de vetarles.

Entretanto, el reloj sigue corriendo y acercando el fantasma de una repetición electoral: el 7 de septiembre es la fecha límite para formar gobierno.

Las regiones donde ya gobierna la ultraderecha

Castilla y León, el 'laboratorio'

Castilla y León fue el primer campo de pruebas de un gobierno con la extrema derecha. Allí, Alfonso Fernández Mañueco cedió el año pasado a Vox tres consejerías y la vicepresidencia autonómica, que quedó en manos de Juan García-Gallardo. Desde entonces, este dirige un departamento sin apenas competencias que gasta casi 1,2 millones de euros para gestionar solo 112.000 de dinero público.

Pero el "piso piloto" de la extrema derecha, como lo bautizó el propio Abascal, se ha saldado con recortes de ayudas en materia de igualdad y en diálogo social, tal y como recordaba la periodista Sara Ramos en laSexta Clave. Además, los socios de gobierno generaron un enorme desconciertocon sus contradicciones sobre las medidas antiaborto anunciadas a principios de año por García-Gallardo, que llegó a decir que sería obligatorio ofrecer a las mujeres escuchar el latido del feto.

Además, allí han recortado a la mitad las subvenciones para organizaciones sindicales y la Consejería de Agricultura, en manos de la ultraderecha, intentó relajar las medidas de control de la tuberculosis bovina, una decisión contraria a la normativa estatal y europea.

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Un rápido acuerdo en la Comunitat Valenciana

Tras el precedente castellanoleonés, el primer Gobierno PP-Vox que salió de urnas tras las elecciones de mayo fue el de la Comunitat Valenciana. Allí, ambas formaciones llegaron a un acuerdo con relativa celeridad para hacer presidente a Carlos Mazón. Así, la ultraderecha ha conseguido hacerse con la Presidencia de Les Corts y la Vicepresidencia primera de la Generalitat -con competencias de Cultura y dirigida por un torero-, así como la Conselleria de Agricultura y la de Justicia, Interior y Gobernación.

Para llegar a este acuerdo se hizo a un lado Carlos Flores, candidato de Vox condenado por maltratar a su expareja, que luego concurrió igualmente a las elecciones del 23J como cabeza de lista por Valencia. En todo caso, ambos partidos firmaron un acuerdo programático de 50 puntos que incluye objetivos tales como "sacar la ideología de las aulas" o la creación de una oficina "frente a la ocupación ilegal". Un documento en el que hablan además de "violencia intrafamiliar", en lugar de violencia machista.

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La rendición de Guardiola en Extremadura

Más les costó formar gobierno en Extremadura, donde, en cuestión de días, la ahora presidenta autonómica del PP, María Guardiola, pasó de asegurar que no podía "dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista" a tragarse sus palabras para ceder a Vox una consejería y dos puestos en la Mesa de la Asamblea.

Así, en esta comunidad Vox ostenta la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Para dirigirla, la ultraderecha fichó a María del Camino Limia, una ganadera y youtuber que cuestiona el cambio climático, critica la Ley de Bienestar Animal y suelta barbaridades, por ejemplo, sobre el colectivo LGTBI.

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Pacto en Aragón

El último acuerdo entre los 'populares' y Vox es el que han cerrado esta misma semana en Aragón, algo más de dos semanas antes de la fecha límite para la investidura: allí, la ultraderecha dirigirá dos consejerías: Despoblación, Desarrollo Territorial y Justicia, con rango de vicepresidencia, y Agricultura y Ganadería.

El pacto de gobierno para hacer presidente a Jorge Azcón incluye además la derogación de la ley de Memoria Democráticade la región, además de la reforma de la ley trans autonómica. Asimismo, y desde que se constituyeron las Cortes el pasado mes de junio, una diputada de Vox preside el parlamento autonómico: Marta Fernández, conocida por sus declaraciones machistas, racistas y negacionistas del cambio climático y del coronavirus.

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