Félix Bolaños, mano derecha de Pedro Sánchez, ha comparecido por primera vez en el Congreso desde que fue nombrado Ministro de la Presidencia en el mes de julio. Al terminar ha dicho que se marchaba contento, que ha podido debatir y que no le han sorprendido las posiciones de sus adversarios políticos. Cierto. Todos enrocados y sin salirse del guion. Pero hay algo que sí me ha llamado la atención. La dureza con la que se han tratado él y la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra. El tono de ambos y las palabras utilizadas demuestran que hay poco o ningún entendimiento entre el Gobierno y la oposición, y, lo que es peor, que la relación empeora cada minuto.

El gran asunto que les distancia es el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y ha quedado demostrado. Para el Gobierno es inaceptable que Casado se niegue a renovar un mandato caducado desde hace casi 3 años.

Bolaños no ha escatimado en calificativos para definir la actitud del PP. Mantiene el ministro que su comportamiento es irresponsable, que falta a la Constitución y que genera una situación de anormalidad y de precariedad institucional. "¿Cree usted que hay que cumplir la ley?", le ha preguntado de manera retórica a Cuca Gamarra. "Pues cúmplanla", le ha espetado mirándola con cierto enfado.

No hay nada que haga sospechar que PP y PSOE se vayan a poner de acuerdo para renovar algunos órganos constitucionales. El Tribunal de Cuentas lleva 48 días con el mandato caducado, los magistrados del Tribunal Constitucional deberían haber sido sustituidos por unos nuevos hace 672 días. El Defensor del Pueblo lleva 1512 días en funciones. Y a todo eso hay que sumar los 1010 días que el Consejo General del Poder Judicial lleva también bloqueado.

Cuca Gamarra, la portavoz popular, niega todas las acusaciones. Acusa al Gobierno de ser el culpable del bloqueo por no aceptar un cambio en el sistema de elección de los jueces. Ya lo dijo su líder, Pablo Casado, hace unos días: "que abandonen toda esperanza. Para renovar el Consejo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces". Casado quiere cambiar una norma instaurada hace 35 años.

Ahora el Congreso y el Senado eligen a los 20 miembros del órgano de los jueces y el PP quiere que 12 de ellos empiecen a ser elegidos por los propios jueces. Gamarra argumenta que Sánchez se niega a modificarlo porque quiere colonizar el poder judicial. Al mismo tiempo, el Gobierno se niega a aceptar la propuesta de los populares porque mantiene que al ser una profesión mayoritariamente conservadora, si los jueces se eligen entre ellos, habría un sesgo de derechas en la cúpula de la judicatura.

Los populares exigen al Gobierno que cambie la ley antes de sentarse a negociar. Sánchez quiere justo que los acontecimientos se produzcan al revés: primero acuerdo y luego hablar de los cambios.

En la Comisión hemos visto cómo de complicada es la situación y lo difícil que va a ser el entendimiento entre PP y PSOE. La estrategia política le impide a Casado alcanzar un acuerdo con Sánchez. Para dar ese paso necesita vender a la opinión pública aquello tan bien visto de que él ha acabado con la politización de la justicia. Pero el Gobierno no quiere dar ese gusto a un Casado que le pisa los talones en las encuestas. Además, el PSOE no cree que el sistema que propone Casado sea más justo.

Mientras tanto, los días seguirán pasando, el bloqueo será mayor y ellos se seguirán culpando de una situación impropia de una democracia como la nuestra.