La renovación del Consejo General del Poder Judicial está siendo un suplicio desde hace ya demasiado tiempo. PSOE y PP deben pactar los nombres del órgano de Gobierno de los jueces pero no consiguen ponerse de acuerdo. Han estado a punto de cerrar el acuerdo en varias ocasiones pero siempre hay algo que acaba truncando el entendimiento. El CGPJ lleva caducado dos años, incumpliendo el mandato constitucional que ordena renovarlo cada cinco con una mayoría parlamentaria de tres quintos de la cámara, es decir, 210 diputados.

Ante el constante bloqueo, el Gobierno decidió mover ficha en octubre. Registró una iniciativa parlamentaria para rebajar las mayorías necesarias para la renovación de la cúpula judicial.

La propuesta abría la puerta a que, en caso de bloqueo, una mayoría absoluta de 176 pudiera cambiar el CGPJ. Además, la reforma incluía cambios en las funciones del Poder Judicial; de modo que, durante el periodo en funciones, el órgano no pueda hacer nombramientos de plazas vacantes.

La posibilidad de rebajar las mayorías parlamentarias en un tema tan sensible como el Poder Judicial provocó un aluvión de críticas. No solo de la derecha política, también de los jueces e incluso del GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción, órgano dependiente del Consejo de Europa que advirtió de las dudas de la reforma y pidió información al Ministerio de Justicia.

El PP puso como condición al gobierno que retirara la iniciativa si quería seguir negociando. Pedro Sánchez escuchó a Casado y anunció, durante el debate de la moción de censura de Vox, que congelaban la iniciativa durante un tiempo en un intento por llegar a un acuerdo con Casado.

De aquello hace ya un mes y el acuerdo sigue sin llegar. Y han vuelto a estar bastante cerca. Dirigentes socialistas apuntaban a la posibilidad de que se firmara el pacto antes de que acabara el año, aunque esa opción parece ya lejana.

El líder del Partido Popular, además, ha subido el precio de las negociaciones. También pide que Unidas Podemos no influya en el nombramiento de los nuevos jueces y que el Gobierno se comprometa a reformar la elección del poder Judicial para dotarla de más independencia.

Ante este bloqueo constante, Sánchez decidió ayer mover ficha sacando del cajón parte de la iniciativa que estaba congelada. Antes de que acabe el año empezará a tramitarse la reforma que prohibirá al CGPJ hacer nombramientos estando en funciones.

A los socialistas les parece una anomalía que un órgano caducado siga eligiendo quién ocupa las plazas vacantes. La imposibilidad de que puedan hacerlo generará un caos en una justicia ya de por sí maltrecha y es una forma de presionar al PP para que se abra al acuerdo.

De momento, el PSOE mantiene en el congelador su controvertida y polémica pretensión de rebajar las mayorías pero ya hay miembros de Unidas Podemos que defienden que eso también debería tramitarse y así acabar con el bloqueo.

Las cartas están echadas. El Gobierno asegura que el PP dice una cosa en privado y otra en público y que desde Génova sí les trasladan que puede haber acuerdo. Lo cierto es que las posibles elecciones catalanas en febrero podrían llevar a los populares a retrasar el pacto. Mientras tanto, los principales partidos de la oposición incumplen el mandato constitucional pasándose la pelota de unos a otros. Y luego habrá que oírles decir aquello de que hay partidos que no respetan las leyes.