La negociación presupuestaria empieza a calentarse. Será larga y es probable que confusa. A pesar de la dificultad evidente, en el Gobierno no barajan otra posibilidad que no sea aprobar las cuentas. Habrá presupuestos para 2021 sí o sí, dicen.

La primera negociación, entre los socios de la coalición, ya ha empezado y se prolongará durante el mes de septiembre. Después de días de reproches cruzados, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acordaron esta semana, en una reunión entre ambos, que sus partidos pactarán un borrador antes de negociar las cuentas con otros partidos.

A Pablo Iglesias no le gustaba el cariz que estaban tomando las relaciones entre los socialistas y Cs. Ante el temor de que su formación quedara desplazada de las conversaciones con Inés Arrimadas pidió a Sánchez marcar entre ambos la hoja de ruta a seguir y, además, que un miembro de Unidas Podemos se sentara en todas las mesas negociadoras con todos los partidos, también con Ciudadanos. Sus peticiones fueron aceptadas por el Presidente del Gobierno y su Vicepresidente salió satisfecho de la cita en Moncloa.

Los problemas empiezan a partir de ahora. Iglesias quiere una reforma fiscal progresista y redistributiva. Eso significa subir los impuestos a los que más tienen. O lo que es lo mismo, que los más ricos financien los servicios públicos más que lo que lo hacen los más pobres.

Un planteamiento que no debería extrañar a un partido como el PSOE, quien, por cierto, siempre ha defendido esta teoría. El problema es que hay varias personas en el Gobierno que creen que no es momento de subir impuestos ni de pedir más esfuerzos a las empresas que están sufriendo la crisis post-pandemia. El propio Sánchez, en agosto, aseguró que la reforma fiscal tendría que esperar hasta que España recupere el nivel económico pre-Covid.

Ahí podría estar la clave, en la fecha de entrada en vigor de la subida impositiva.

La discusión está asegurada entre los socios, pero también con Cs si es que el gobierno quiere que Arrimadas facilite las cuentas. Porque la líder de la formación naranja ha advertido que ellos no defienden una subida de impuestos.

Y todavía queda un cuarto actor. ERC podría entrar también en la ecuación. Por primera vez, el portavoz independentista, Gabriel Rufián, ha acudido a Moncloa de manera oficial a reunirse con el Presidente del Gobierno.

La reunión ha sido cordial, aseguran, y Rufián ha salido con el compromiso que quería oír: el Gobierno convocará la mesa de diálogo con la Generalitat a mediados de septiembre. En los próximos días buscarán una fecha con Quim Torra. Era la condición de ERC para sentarse a negociar las cuentas y Rufián se ha marchado de Moncloa con el objetivo cumplido debajo del brazo. Eso allana el camino para que los 13 diputados de Oriol Junqueras en Madrid puedan facilitar las cuentas.

Lo que habrá que ver es hasta qué punto se mojan. Al Gobierno podría valerle con una abstención de ERC si se repiten las cuentas de la investidura de Sánchez. Unos cálculos que sacarían a Cs del pacto porque Arrimadas se niega a compartir pacto con los independentistas. Así que todo apunta a que Sánchez tendrá que elegir entre dos enemigos irreconciliables: Cs y ERC.