La UFAM de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, la unidad que se ocupa de los delitos contra la mujer, lleva en estos tres primeros meses del año más de 140 atestados tramitados, unos setenta detenidos y diez investigados no detenidos. Es solo una de las 172 UFAM repartidas por toda España, unidades pioneras en la lucha contra la violencia sexual y cuya estructura y formación de sus componentes se han exportado a varios países del mundo. En ellas trabajan hombres y mujeres que superan una exigente entrevista destinada a comprobar si los agentes tienen suficiente perspectiva de género, antes de recibir un curso de especialización al que solo acceden los que han superado la entrevista y tienen un perfil idóneo y en el que se hace un especial énfasis en la comprensión e interpretación de las víctimas.

Por tanto, no es de extrañar que cualquiera que haya pasado por una UFAM o conozca su trabajo esté estupefacto ante las declaraciones de Irene Montero, nacida dos años después de que la Policía implantase las primeras unidades contra la violencia sexual. La ministra de Igualdad dijo hace unos días en El Programa de Ana Rosa: "Cuando una mujer denuncia una agresión sexual se le pregunta si iba vestida con una minifalda y que a lo mejor como iba con una minifalda iba provocando (…) Desgraciadamente, en nuestro sistema judicial falta perspectiva de género".

Han pasado más de 30 años desde que la Audiencia de Lérida condenó a un empresario a pagar una multa de 40.000 pesetas, como autor de un delito de abusos deshonestos. La sentencia relataba los tocamientos de los que fue objeto una joven de diecisiete años, por parte de un hombre de cuarenta y cinco, quien le prometió una renovación de su contrato detrabajo si accedía a sus deseos. Según el fallo, la joven vestía una minifalda que, "en cierta forma y acaso inocentemente, provocó este tipo de reacción en el empresario, el cual no pudo contenerse en su presencia". La sentencia –que pasó a la historia como "la sentencia de la minifalda"- fue confirmada por el Tribunal Supremo, que dio entidad de jurisprudencia a esta aberración jurídica. Cuando la Audiencia de Lérida dictó ese fallo, en 1989, la Policía llevaba ya tres años extendiendo por toda España las unidades SAM (Servicio de Atención a la Mujer), antecesoras de las UFAM. Las Fuerzas de Seguridad iban muy por delante del estamento judicial en cuanto a su sensibilización con la violencia sexual.

La Policía, como la sociedad, ha recorrido un largo camino en la lucha contra la desigualdad y la violencia sexual. En ningún tribunal español se dictaría hoy una sentencia como la de la minifalda y hay unidades UFAM (sucesoras del SAM desde 2015) en las 172 comisarías y brigadas de todo el país, trabajando a destajo contra la violencia machista y los agresores sexuales. Las preguntas que se hacen a una víctima en una UFAM poco tienen que ver con la ropa que viste y mucho con todos los detalles posibles que recuerde sobre su agresor, porque ese es el fin de estas unidades: poner a disposición judicial a los que atacan a las mujeres y darles a ella el tratamiento que necesitan en esos terribles momentos. En Madrid, por ejemplo, desde 2007 existe un protocolo de coordinación en el que están implicadas autoridades sanitarias, servicios sociales, forenses, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, en aras a mejorar la atención a las víctimas. Por todo ello, las palabras de la ministra de Igualdad no aguantan un mínimo análisis, ni aunque hubiesen sido pronunciadas en la barra de un bar, en un mitin o en una tertulia televisiva. Pero el puesto desde el que se han lanzado las hace especialmente graves.

Quiero pensar que Irene Montero ignora la realidad de las UFAM y que sus palabras son producto de la misma pulsión o del mismo prejuicio que llevó a la diputada autonómica de Podemos Lorena Ruiz Huerta a decir, en otro alarde de frivolidad, que en las comisarías se torturaba a diario. Unos prejuicios que la sociedad española ha superado hace tiempo –la Policía y la Guardia Civil son las instituciones más valoradas en los barómetros del CIS- y que uno espera no encontrarlos a día de hoy en el Consejo de Ministros.