Encerremos a los locos y tiremos al fondo del mar las llaves de sus celdas. Esa es la única política penal que parecen defender algunos a la hora de abordar el problema de los enfermos mentales que delinquen. Unos cuantos todólogos lo han dejado claro estos últimos días. Entre encendidos debates sobre vulcanología y derecho internacional se coló algún espacio para tratar el ataque protagonizado el lunes pasado por Noelia de Mingo, la doctora que en 2003 mató a tres personas en un hospital de Madrid y ahora ha apuñalado a dos de sus vecinas en un supermercado.

"¿Cómo es posible que se pusiese en libertad a una persona tan peligrosa?", "está claro que no estaba curada" o "habrá dejado de tomar su medicación" son tres de las frases más repetidas entre los todólogos televisivos y tuiteros, a los que supone un ímprobo esfuerzo callar cuando no saben de lo que hablan. Intentemos ayudarlos:

Noelia de Mingo fue puesta en libertad en 2017 a propuesta de un juez de vigilancia penitenciaria y con el apoyo del fiscal, tras unos cuantos informes de psiquiatras forenses que vieron en ella una evolución muy positiva tras catorce años de internamiento: los síntomas de su enfermedad habían desaparecido y ella era consciente de la gravedad de lo que había hecho y de la importancia de seguir su tratamiento. Además, había disfrutado de varios permisos, alguno de hasta noventa días, sin dar un solo problema. Primera cuestión resuelta.

Noelia no se va a curar jamás. Su esquizofrenia paranoide es une enfermedad crónica. Un tratamiento farmacológico adecuado hace desaparecer los síntomas, los delirios, las descompensaciones psicóticas, pero nada cura esa enfermedad. Cuando Noelia mató a tres personas en el hospital donde trabajaba llevaba tiempo pensando que todos sus compañeros de trabajo eran actores contratados para reírse de ella y hacerles daño a ella y a su familia. Piensen por un momento el infierno en el que vivía. Segunda cuestión resuelta.

La doctora de Mingo acudía mensualmente a un centro de salud, donde le administraban una inyección con fármacos antipsicóticos. La última dosis la recibió el 14 de septiembre, seis días antes del ataque. La Justicia dejó en libertad a la mujer con la condición de que siguiese la pauta farmacológica prescrita y así lo ha hecho desde que en octubre de 2017 salió en libertad. Tercera cuestión resuelta.

¿Qué ha pasado entonces para que Noelia vuelva a convertirse en alguien peligroso? No tengo respuesta para eso. Ni yo ni nadie. Ni siquiera el psiquiatra que la vio hace unas semanas y al que confesó "el gran sufrimiento que viene experimentando desde que cometió los actos por los que fue condenada: 'llevo todos estos años sintiendo un rechazo social absoluto'". Pese a ello, el psiquiatra no encontró signos de depresión en su paciente y dictaminó que la esquizofrenia estaba "en remisión".

Tampoco la familia de Noelia sabe qué ha podido ocurrir. Su madre y su hermano han cuidado de ella y la han arropado desde que fue detenida en 2003, siendo muy conscientes de la gravedad y la peligrosidad de su mal, un mal que comparten cientos de miles de españoles que no salen en las noticias. Un mal sin cura y sin una red de apoyo para los familiares, que cargan absolutamente solos con una responsabilidad inimaginable y que, además, son las primeras víctimas de sus explosiones violentas, cuando las hay.

Si un enfermo mental delinque y acaba en prisión, lo más probable es que entre en un pozo del que nadie va a estar interesado en sacarle, salvo que tengan una familia como la de Noelia de Mingo. Los locos –perdón por la incorrección política– son la gran cuenta pendiente del estado del bienestar del que tanto presumimos y que sí ha hecho grandes avances en otras materias. Las enfermedades mentales –y no hablo aquí de ansiedad o de depresiones– siguen debajo de la alfombra de nuestro país.