No suelo estar muy al tanto de lo que sucede en el Congreso de los Diputados. De mi terreno informativo rara vez se ocupan sus señorías, salvo contadas y espaciadas excepciones. Como soy lector de prensa –de la que antes manchaba los dedos–, suelo pasar rápidamente las páginas escritas por mis colegas desde el hemiciclo.

Hace algo más de dos semanas hice una excepción, cuando el portavoz de Más Madrid en el Congreso, Íñigo Errejón, pidió al presidente del Gobierno un plan nacional de salud mental. Seguramente, la intervención del examigo de Pablo Iglesias habría quedado diluida si un diputado del Partido Popular no hubiese lanzado un inoportuno y grosero exabrupto al final de la misma. "Vete al médico", le espetó desde la bancada. La cosa se resolvió con las disculpas del malote del PP, pero nunca más se ha vuelto a hablar de la propuesta de Errejón. Y, sinceramente, creo que merecería la pena que alguien recogiese el guante del dirigente de Más Madrid que, esta vez sí, estaba llevando a la tribuna los problemas de "la gente".

Los enfermos mentales son los grandes orillados de nuestro país. Hace ya cuarenta años que los legisladores decidieron cerrar la mayoría de los establecimientos psiquiátricos públicos porque les parecían lugares oscuros y propios de épocas ya superadas, sitios incompatibles con la modernidad hacia la que España quería avanzar. Así que la responsabilidad se pasó de un plumazo a las familias de los enfermos. Son ellas las que tienen que encargarse de que un esquizofrénico paranoide –por ejemplo– se tome su dosis de antipsicótico para evitar los brotes. Cuando no lo hacen son imprevisibles y es entonces cuando llegan al terreno del que me ocupo yo: la mayoría de las víctimas de los enfermos mentales violentos –una minoría absoluta– son las personas que están más cerca de ellos. Ahí están Ángel Caratenuto –mató a su madre– o María Gombau –asesinó a sus dos hijos– como ejemplos de criminales sin ninguna responsabilidad penal porque, sencillamente, mataron en pleno delirio, vivían una realidad propia.

Apenas dos semanas después de la intervención de Errejón, la ministra Reyes Maroto recibió una carta con una navaja manchada de una sustancia roja y una serie de recortes y palabras sin sentido. El remitente puso su nombre y dirección en el sobre. Un mero vistazo a los folios que acompañaban a la navaja bastaba para saber, sin necesidad de haber cursado estudios de Medicina, que la carta era obra de alguien con serios problemas mentales. Pero el destino quiso que la siniestra misiva llegase pocos días después de que Pablo Iglesias, María Gámez y Fernando Grande-Marlaska recibieran los cartuchos que sacudieron la campaña electoral. Y, claro, había que subirse a esa ola. La ministra posó con unas enormes reproducciones de la foto de la navaja y la misiva del enfermo mental fue convenientemente utilizada por los estrategas políticos. Algunos ¿colegas? de profesión fueron más lejos y buscaron los supuestos hilos que unían al remitente –un esquizofrénico diagnosticado– con Vox y para ello no dudaron en identificarle a él y a su familia. Un dislate tras otro, propio de la disparatada campaña "old school" (de los años 30) que hemos vivido.

Afortunadamente, digan lo que digan las urnas, Madrid no será al día siguiente de las elecciones ni la Phnom Penh de los jemeres rojos ni la Roma de los camisas negras. Seguirá siendo un lugar libre y democrático. Tampoco parece que las cosas vayan a cambiar para las personas como el autor de la carta a Reyes Maroto. Los enfermos mentales seguirán siendo el gran agujero negro de nuestra sociedad: lo han sido en la pandemia y lo son desde hace décadas en las prisiones, donde el número de profesionales destinados a tratar la salud mental avergonzaría a cualquier estado que se califica de moderno.

Hace mucho que los enfermos mentales necesitan un plan, tal y como solicitó Errejón. Esperemos que alguna vez se pase de los hashtags rimbombantes a los proyectos de verdad. Sus familias hace cuarenta años que están solas, abandonadas e ignoradas por las administraciones.