Ana Orantes fue la primera mujer que puso rostro, nombre y apellido a las víctimas de la violencia machista. Su marido, José Parejo, la asesinó el 17 de diciembre de 1997 en Cúllar Vega (Granada), quemándola en la entrada de su casa.

El crimen de esta mujer, que dos semanas antes había contado en un programa de televisión su día a día de palizas y humillaciones, movilizó a todos los actores necesarios para que se pusiese en marcha una ley de protección para las víctimas como ella. Alberto Encinas es el nombre y el apellido que simboliza la lucha de un colectivo ignorado con demasiada frecuencia por los medios y las instituciones: las víctimas de los secuestros parentales. Según el Ministerio de Justicia, en 2018 se registraron 205 casos en nuestro país. Más de doscientos padres o madres a los que sus parejas roban a sus hijos. Alberto, tras ocho años de una lucha incansable, ha recuperado a Olivia, una niña a la que dejó de ver cuando tenía tres años y que ha regresado con él a punto de cumplir los doce.

Durante la mayor parte de estos ocho años, Alberto ha estado solo. Abandonado por los medios de comunicación –salvo excepciones, como La Sexta y TVE-, abandonado por la diplomacia española –incapaz de ejercer la presión necesaria a Polonia, país donde estaba su hija- y abandonado por los organismos europeos, que no hicieron nada para que se cumpliese el Convenio de La Haya, un acuerdo del que España y Polonia son países firmantes. Solo en los últimos meses de estos ocho años, Alberto ha contado con el apoyo de las autoridades consulares, espoleadas por el empeño de la Guardia Civil de Baleares de hacer cumplir la ley y devolver a Olivia a su padre.

La historia de Alberto Encinas comenzó como tantas otras: una separación tras la que se fija una custodia compartida, una primera denuncia por malos tratos que queda archivada y unas vacaciones en las que Olivia ya no vuelve. Su madre, Katarzyna, se la llevó en las navidades de 2011 a Polonia, su país de origen, y nunca se la devolvió a su padre. Él hizo todo lo posible dentro de los márgenes de la ley para recuperar a su hija. Denunció en España y en Polonia y los jueces le dieron siempre la razón, pero la mujer esquivaba las decisiones judiciales, amparada por algunos componentes de la policía polaca, que se negaban a ejecutar la orden europea de detención y entrega que pesaba sobre Katarzyna, dictada en 2015. Con la única ayuda de sus amigos y familiares, Alberto gastó 60.000 euros en viajes a Polonia para comprobar sobre el terreno cómo su ex esposa y su ex suegra se burlaban de las leyes, hasta el punto de que Olivia asistía a un colegio que estaba a escasos metros de una comisaría de Policía.

Ocho años de lucha en solitario que acabaron hace unas semanas, cuando Alberto pudo abrazar a Olivia y regresar con ella a Pollença, Mallorca. El impulso de la Guardia Civil de Baleares y de las autoridades de su comunidad autónoma acabaron doblegando el pulso a Katarzyna, que fue arrestada por la misma policía que durante más de un lustro se negó a detenerla.

Alberto Encinas disfruta de sus primeras horas con su hija, tras ocho meses de lucha. Hace unos días le entrevistamos en Más Vale Tarde y quiso lanzar un mensaje. Su caso abría una puerta a la esperanza de otros similares. Padres y madre a los que su ex cónyuge priva del derecho de ser padre y madre y a los que las administraciones, en su mayor parte, abandonan. Ojalá Encinas sea a los secuestros parentales lo que Orantes fue a la violencia de género.