Lo
que era un secreto a voces, un verdadero clamor en el sector pesquero español,
se ha confirmado: la atunera Balfegó se desmarca oficialmente de su competencia
y comparece como acusación contra decenas de empresarios de su mismo sector
imputados por la Audiencia Nacional en el marco de la operación 'Tarantelo', unas diligencias
instruidas por la Guardia Civil
contra una macro red de capturas y distribución ilegal de atún. La empresa
Balfegó pidió, hace meses, su comparecencia como acusación y el juez la ha
aceptado, previo pago de la preceptiva fianza.
Acusaciones unidas
El
juez, sin embrago, pide una única acusación popular y ese es el motivo por el
que Balfegó irá de la mano de la ONG Greenpeace, que también solicitó ser
acusación en estas diligencias sumariales. No solo eso, la patronal del sector,
Cepesca, también
ha querido comparecer como acusación y se sumará a la ONG y a la empresa
atunera catalana.
Con
este panorama, queda evidenciado lo que era un secreto a voces en el sector del
atún desde que Balfegó participara en un programa de laSexta y denunciara las irregularidades de
algunas potentes e históricas empresa del sector, especialmente aquellas
instaladas en la comunidad valenciana. Algunos imputados sostienen que los
intereses comerciales de Balfegó han movido los hilos de la operación 'Tarantelo' desde su inicio.
La ley y solo la ley
Desde
la empresa atunera catalana, sin embargo, se apela al cumplimiento estricto de
la ley como "línea infranqueable por parte de todos aquellos operadores que se
dedican al negocio del atún, desde las capturas hasta su puesta a la venta al
público".
Y añaden:
"Esta empresa no va a
consentir ni la deslealtad empresarial ni conductas que atenten contra la salud
pública, por eso comparecemos como acusación".
Fuentes
jurídicas consultadas por este medio han puesto el foco en lo que, a todas
luces, es una, cuanto menos, curiosa situación: la patronal Cepesca, entre cuyos miembros
asociados destacan diversos empresarios imputados en la operación 'Tarantelo',
ejerce de acusación contra ellos. Esta kafkiana y retorcida situación, sin
duda, va a presidir del devenir de las futuras asambleas de la patronal.
Nuevas indagaciones
El
juez que investiga el caso ha pedido a la Guardia Civil que
pormenorice todos y cada uno de los indicios criminales contra cada una de los
decenas de imputados, en lo que parece ya la recta final de esta investigación,
que sitúa el montante del fraude del atún, presuntamente distribuido de forma
irregular, en decenas de millones de euros. El juez pide, además, que se
investigue si al Grupo Arrom, uno de los imputados por la presunta distribución
ilegal de atún, se le estaba investigando por parte de los Mossos d'Esquadra
mientras también
estaba en el punto de mira de los investigadores de la Guardia Civil responsables
de la operación 'Tarantelo'.
Mas allá del Mediterráneo
El Muro ha podido saber, de
fuentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de
la Guardia Civil, que se mantienen en marcha, al menos, dos líneas
nuevas de investigación que afectan a las ramificaciones internacionales de la
red 'Tarantelo'. Una de ellas apunta a la posible comisión de un delito de blanqueo
a gran escala por parte de algunos de los mas rebombados imputados en este
caso, cuya identidad no ha querido ser develada a este medio al estar "inmersa
en plena fase indagatoria".
