El juez instructor número 1 de Barcelona ha abierto una investigación contra el Sindicato de la Vivienda de Barcelona, que desarrolla el grueso de su actividad en el llamado Casc Antic (Casco Antiguo), por los delitos de coacciones, amenazas y pertenencia a organización criminal.

Las diligencias de investigación parten de la denuncia de un propietario barcelonés que acusó de supuestas prácticas delictivas al sindicato. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso El Muro de laSexta: "…aprovechando o coincidiendo con los desórdenes públicos provocados a raíz de las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo en el denominado 'juicio del procés', y siendo la Ronda de Sant Pere uno de los centros de esos desórdenes, diversos encapuchados irrumpieron en las viviendas propiedad de mi representado, sitas en la Ronda de Sant Pere, 56; concretamente, en los pisos 2º-1ª, 2º-2ª, 3º-2ª y 3º-3ª, usurpando la legítima posesión de los mismos a mi representado".

Mossos impotentes

El propietario denunció los hechos y "el día 20 de octubre de 2019, se personaron en la finca diversas dotaciones de los Mossos d'Esquadra para proceder al desalojo de las fincas, pero la 'organización' que planeó y ejecutó la okupación congregó a gran cantidad de gente ante el inmueble (según los Mossos d'Esquadra, unas 200 personas) que se enfrentaron a los agentes de forma violenta, hasta conseguir que el desalojo tuviera que paralizarse".

Dicho desalojo no se pudo realizar, pero los Mossos, no sin dificultades, identificaron a los okupas, entre ellos a Paula Cardona Perramon. "Esta persona se presentó a los agentes actuantes como representante de las personas que habían usurpado la propiedad de mi representado y como representante del 'sindicato de la vivienda del Casc Antic'".

Amenazado

Según obra en la querella admitida por el juez, "Paula Cardona, cuando mi representado llegó a Ronda de Sant Pere, 56, y estando éste en la calle frente al edificio, se dirigió a él diciéndole 'sé quien eres y donde vives'. También un chico que estaba en el lugar se dirigió a mi cliente diciéndole 'te vendremos a buscar'. Los agentes pudieron observar como, a través de su teléfono móvil, Paula Cardona convocaba a la gente que se enfrentó de forma violenta a los agentes actuantes hasta que la policía, a la vista de la violencia ejercida por el grupo de afines a Paula Cardona y su 'sindicato' negoció con la misma la paralización del desalojo".

El propietario, que tuvo que contratar seguridad privada para impedir nuevas okupaciones en otros pisos en obras del mismo inmueble, y también de su propiedad, estableció contacto con el sindicato mientras, y a modo de presión, "los miembros de la organización criminal iniciaron una campaña de difamaciones e injurias con publicidad, así como de coacciones hacia el propietario, a través de las redes sociales; Twitter: @SindicatCasc (Sindicat Habitatge Casc Antic), así como mediante pintadas y carteles, tanto en el edificio usurpado como ante la vivienda de mi representado fuera de Barcelona".

El ayuntamiento lo sabe

Según la querella, "el interlocutor (el sindicato) explica que esto que acababan de hacer en la calle Ronda de Sant Pere es lo habitual: usurpar para luego, mediante extorsión, 'negociar'. Que tienen información de problemas con las licencias de obras de los pisos usurpados (se entiende que facilitada por el propio ayuntamiento de Barcelona, ya que dice textualmente 'tenemos la versión del Ayuntamiento')".

El juez ha iniciado las indagaciones para conocer si, efectivamente, estamos ante una estructura criminal organizada, con papeles repartidos y con vocación de obtener ilícitos beneficios.

Es la primera vez en España que, por este motivo, un juez investiga e imputa por organización criminal a un sindicato de clase.