Tras casi 13 años de instrucción sumarial, este presunto caso de corrupción policial y narcotráfico, en el que permanecieron imputados decenas de guardias civiles, miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los Mossos d´Esquadra, ha acabado en sentencia absolutoria (o archivo) para todos los agentes policiales y para el supuesto capo de la trama criminal, el empresario y colaborador policial, Manuel Gutiérrez Carbajo.

Los 224 folios de la sentencia suponen un continuo bombardeo de críticas a la investigación judicial (que, incluso, llevó a algún agente a prisión preventiva durante varias semanas). La Audiencia Provincial de Barcelona califica la investigación dirigida por el juez instructor número 1 de la capital catalana, Joaquín Aguirre, como de errática, prospectiva, exagerada e inútil.

Hace 13 años la Guardia Civil interceptó en Barcelona a un presunto camello al volante de un coche cargado con 40 paquetes de un kilo cada de un sustancia que parecía cocaína. La policía científica dictaminó que uno solo de aquellos paquetes contenía droga. El resto azúcar y harina. El juez no se lo creyó y albergó la idea (aún no se sabe en base a qué) de que los agentes de la Benemérita se habían quedado la droga para usos espurios y habían hecho el cambiazo en 39 paquetes.

Aquí nace el “caso Macedonia” que, a medida que fue avanzando, con la inicial aquiescencia de la Fiscalía Anticorrupción (a los pocos meses abandonó el caso ante la deriva judicial de la investigación), fue situando frente a su señoría a policías, mossos y a prácticamente todo aquel que pasaba por ahí. El juez situó en la cúspide de la trama al empresario Manuel Gutiérrez Carbajo, reconocido colaborador policial, y retorció las diligencias, tanto como pudo, para tratar de imputar (sin conseguirlo) al mayor de los mossos, Josep Lluís Trapero.

Ahora, tras trece años y un juicio más breve de lo previsto, la Audiencia deja aquella presunta macro trama de corrupción policial en un mero caso de menudeo de drogas, que salpica a varios presuntos camellos de baja estopa.

La Audiencia afirma que el juez actuó de forma prospectiva, sin indicios, con un grupo de policías (los agentes de la División de Asuntos Internos de los Mossos en 2010) a su servicio, procediendo de forma “acrítica”. Dice que Aguirre pinchó 80 teléfonos e intervino miles de conversaciones de forma “inútil e infundada". Por eso, en este sentido, la sala tercera de la Audiencia ha declarado la nulidad de decenas de autos de entrada y registro, detención e imputación.

Además, según el tribunal, ese grupo de policías que jalearon al juez omitieron de forma deliberada información al instructor, concretamente todas aquellas averiguaciones que demostraban la inocencia de los por entonces sospechosos.

Ante esta situación, la Fiscalía prevé no recurrir la sentencia y cubrir, con un tupido velo, lo que ha sido una de las investigaciones judiciales más surrealistas y kafkianas que se recuerdan.