Entiendo el escándalo de la derecha ante las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil cuando oyen que la benemérita se dedica a rastrear las redes sociales para buscar bulos y declaraciones que consideran constitutivas de delito. Se sienten concernidos porque no hacen otra cosa. Mentir y difamar. Sienten ahora que es posible que el cuerpo de la Guardia Civil empiece a mirar hacia una ideología protegida en tiempos del Partido Popular que podía pedir golpes de Estado, alzamientos por las armas, difamar a víctimas de todo pelaje y soltar sus soflamas delictivas sin riesgo de ningún tipo. La derecha siempre ha tenido esa libertad de difamación por una actitud pasiva y connivente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que ellos dirigían.
Es normal que haya menos escándalo con unas declaraciones que confirman lo que la Guardia Civil ha venido haciendo de forma sistemática en diversas operaciones de control, sanción, y persecución de disidentes como control punitivo ejemplarizante y de disciplina política. Entre abril de 2014 y abril de 2016 la Guardia Civil inició una serie de redadas cibernéticas llamadas "Operación Araña", que tuvo cuatro fases y acabó con 77 personas detenidas y más de 40 personas con condenas que llegan a los dos años. Las redadas proactivas que hacían seguimiento segmentado y dirigido para buscar unas opiniones determinadas que pudieran ser llevadas ante un juez acabaron con Alfredo Remirez en prisión.
En una de esas fases de la Operación Araña se detuvo al periodista Jorge Correa, al que se acusó de enaltecimiento del terrorismo. En la denuncia del Fiscal se incluían tuits que pedían el fin de la dispersión de ETA o comentarios sobre la defensa de que el etarra Bolinaga tendría que salir de la cárcel por su enfermedad. Opiniones, compartidas o no, que la Guardia Civil perseguía de manera proactiva, sin mediar denuncia alguna, para criminalizar una ideología política. Jorge Correa fue condenado a un año y medio de prisión.
La Operación Araña consistía en cribar las redes con palabras claves como "Argala" o "Carrero", así buscaban comentarios que consideraban delictivos y a partir de ahí investigaban si el ciudadano que los realizaba tenía más comentarios con los que consolidar una denuncia por enaltecimiento. Así acabó frente a un juez Cassandra Vera, en la Audiencia Nacional por hacer chistes sobre Carrero Blanco.
Los que hemos cubierto en la Audiencia Nacional los juicios constantes por delitos de opinión no sentimos sorpresa al escuchar a un dirigente de la Guardia Civil expresar de manera abierta la persecución punitiva de opiniones, porque hemos vivido semanas en las que no se celebraban juicios sobre otro tema. Aunque siempre los acusados eran de la misma ideología.
Ese es el cambio sustancial que no gusta a la derecha. Piensa que se ha acabado su libertad de expresión entendida como libertad de difamación y tiene miedo, claro. La derecha quiere seguir pidiendo al Ejército que tome las armas contra el Gobierno, humillando a las víctimas del franquismo con impunidad o enalteciendo actos criminales de la dictadura. La derecha quiere que la Guardia Civil siga siendo un instrumento de parte con el que perseguir rojos. Como si nada hubiera cambiado.
