El Tribunal Supremo ha devuelto la causa a la Audiencia Nacional que pretendía imputar a Pablo Iglesias por delitos de revelación de secretos, denuncia falsa y daños informáticos. El primer intento de llevar a cabo la 'Operación Lula' contra el vicepresidente del gobierno ha resultado infructuoso a pesar de los denodados esfuerzos de un medio de comunicación como El Mundo con la colaboración inestimable, pero siempre presunta, del juez Manuel García Castellón. Los hechos hacen muy comprensible creer que lo que se buscaba elevando el caso al Tribunal Supremo era lograr una imputación que obligara a Pedro Sánchez a prescindir de Pablo Iglesias. Lograr mediante artificios legales cambiar el resultado que no les había dejado satisfechos en las urnas.

El juez Manuel García Castellón es un magistrado experimentado. Con un amplio conocimiento de las leyes y del ordenamiento jurídico. Por eso cuesta entender desde la lógica procesal su proceder a no ser que buscara otro efecto más allá que el de buscar justicia. García Castellón expresó en su auto que Pablo Iglesias había cometido un delito de denuncia falsa. Un delito que para poder darse exige que el procedimiento sobre el que versa sea previamente archivado. Es una condición imprescindible para comenzar ese procedimiento, y el juez sabe que esa causa no ha sido archivada porque él mismo sigue trabajando en ella cuando eleva al Tribunal Supremo la justificación para la imputación de Pablo Iglesias.

¿No se sabía el juez el artículo 456.2 del Código Penal? ¿No sabía que la causa que él mismo está dirimiendo no había sido archivada por él mismo? Porque son las dos únicas preguntas que hay que responder para saber si el juez ha prevaricado o no. Porque prevaricar es redactar una resolución injusta a sabiendas. Dudar sobre el procedimiento del juez es una lógica consecuencia del conocimiento de los hechos.

La misma sospecha se cierne sobre el delito de revelación de secretos. El juez Manuel García Castellón sabe, porque lo sabe, que es un delito que precisa de denuncia de la víctima que ha sufrido el daño. En este caso es Dina Bousselham. Para que ese delito pueda existir es precisa que Bousselham se declare afectada, si eso no se produce no puede haber delito. Incluso sintiéndose afectada en origen es preceptivo tomarle declaración porque puede perdonar el delito y este decae. El juez lo sabe, porque el juez conoce la ley. Si no lo hace y aún así eleva el caso al Tribunal Supremo solo se puede deber a otra intención diferente al esclarecimiento y persecución de conductas penadas.

El juez también sabe que una imputación en el Tribunal Supremo puede provocar consecuencias políticas aunque posteriormente se archive. El simple hecho de ver a Pablo Iglesias declarando es suficiente para lograr un objetivo político. Eso también lo sabe el juez. La lógica y los hechos no admiten otra interpretación, aunque siempre es posible que exista. Estamos en 2021 y ya hemos tenido pandemias, nevadas imposibles, terremotos y el Atleti va líder con un pichichi al que el Barcelona paga el sueldo. Todo es posible.

Lo cierto es que la persecución judicial a Unidas Podemos y Pablo Iglesias está adquiriendo tintes grotescos y permite a la formación morada alimentar una posición de perseguido por las élites del poder. Porque los hechos permiten trazar un mapa en esa dirección. La última artimaña de la 'Operación Lula' ha fracasado, pero no será la última.