Puede que sea cierto que no existan cloacas del Estado. Al menos en los subterráneos del alcantarillado circula el agua, hedionda, putrefacta y degenerada. Pero circula. Lo que existe en España en las más altas instituciones del Estado es una fosa séptica, profunda, sistémica. Con olor a cadáver en descomposición, el del régimen del 78 por mucho que algunos quieran embalsamarlo. Tarde.
Ayer confirmamos a través de un auto de la Audiencia Nacional que el PP se encargaba de dirigir y comandar una organización criminal que buscaba robar material sensible de Luis Bárcenas que pudiera perjudicar al Partido Popular utilizando fondos reservados y cometiendo crímenes como secuestros, robos y allanamiento. En la dirección, según las pesquisas del juez Manuel García Castellón, estarían el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el secretario de estado de Interior, Francisco Martínez, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el presidente del gobierno Mariano Rajoy. Eso es lo que se está investigando, si el CNI y el ministerio del Interior del gobierno de Rajoy llegaron a secuestrar a la mujer de Luis Bárcenas para robarle material comprometido. La palabra cloaca se queda corta.
Un párrafo del auto del juez de la Audiencia Nacional es historia de la infamia española: "Hechos de apariencia delictiva […] se trataría de ejecutar un operativo parapolicial del que serían responsable Órganos Superiores y/o Directivos de la Administración General del Estado, y cuya ejecución material se encomienda a los ya investigados, en la presente causa, Enrique García Castaño, entonces Jefe de la UCAO, y José Manuel Villarejo Pérez. En este caso el engargo que se habría llevado a efecto al menos en los años 2013 a 2015 consistiría en la captación, y la manipulación como colaborador-infante del Cuerpo Nacional de Policía, de Sergio Javier Ríos Esgueva, a la sazón conductor de Rosalía Iglesias Villar, esposa de Luis Francisco Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular. El objetivo de dicha misión podría ser, aparentemente, la obtención por medio de, dicho colaborador, en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio de información-concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas, y su esposa ocultarían material documental comprometedor para el Partido Popular".
Este partido, el Partido Popular de Pablo Casado, bloquea la renovación constitucional del Consejo General del Poder Judicial para mantener una mayoría conservadora en el máximo órgano de dirección de los jueces porque en el gobierno de coalición hay un partido republicano. La anomalía democrática en la que vivimos instaurados hace que en ocasiones perdamos la perspectiva sobre el nivel de degradación sistémica de nuestras instituciones. Un partido que utilizaba el CNI y el ministerio del Interior para perjudicar a sus adversarios políticos y para robar material mediante la comisión de crímenes comunes está boicoteando la administración judicial para conseguir ventaja. Esa barbaridad, propia de democracias fallidas o de dictaduras en activo, no se puede normalizar. Pero en España lo está.
