El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia encargó la construcción del Museo de Memoria Bogotá a la empresa española Obrascón Huarte Lain S.A., a la que conocemos por OHL.
Ni en Colombia ni en España llamó la atención ni creó quebranto que un centro de memoria que trata de honrar a las víctimas de un conflicto sea construido por una empresa como OHL, que a través de Huarte formó parte de las empresas que levantaron el Valle de los Caídos con trabajo esclavo y que absorbió otras que tuvieron relación directa con el Holocausto sin haber realizado jamás ninguna reparación, disculpa o indemnización.
Los países que no han tenido un proceso de reparación colectiva no consideran un escándalo que una empresa implicada en genocidios pueda participar en la vida pública incluso lucrándose con un centro de memoria. Ese es nuestro hándicap democrático.
La misma situación se dio en Alemania durante el considerado “incidente Degussa”. En el año 2003 durante la construcción del monumento a las víctimas del Holocausto en Berlín se conoció que los bloques de hormigón que lo componían serían impregnados con un producto llamado Protectosil, un químico que impediría que los graffitis vandalizaran el monumento.
El problema llegó cuando se supo que la patente pertenecía a Degussa, una empresa integrada en el emporio IG Farben bajo el nombre de Degesch que fue la encargada de construir de manera industrial el Zyklon B utilizado para gasear a los judíos en los campos de exterminio nazis. Rociar con un químico fabricado por la empresa que gaseaba a los judíos era un nuevo insulto a la memoria de las víctimas. El escándalo fue notorio y ocupó los medios alemanes durante mucho tiempo, aunque finalmente el producto no fue reemplazado.
La sanción social en el país teutón provoca esta merma reputacional en las empresas que colaboraron con el Holocausto. Esa sanción social es un elemento fundamental en el proceso de memoria colectiva y reparación.
En España estamos muy lejos de que ese proceso se produzca. Cualquier empresa puede trabajar y operar con normalidad sin que sus actuaciones pasadas durante el franquismo le produzcan el menor quebranto o cualquier problema de reputación empresarial.
El consejo de ministros incluye hoy en el orden del día la aprobación de la Ley de Memoria Democrática que complete la insignificante y cobarde Ley de Memoria Histórica de 2007. El texto debería comenzar un proceso de desfranquización que llevamos cuarenta años demorando.
La nueva ley tiene que promover la vergüenza de los franquistas. Volver a meter en la cueva de la nostalgia a todos aquellos que con la aparición de VOX han vuelto a mostrarse altaneros de sentir orgullo por una dictadura que llenó las cunetas de nuestras ciudades y pueblos de lo mejor de España. Arrogantes que nunca desaparecieron ni tuvieron motivos para esconderse en una España que nunca otorgó dignidad a las víctimas y proporcionó un sistema idóneo para que los victimarios vivieran en paz.
Es el momento de desfranquizar España, de promover un relato de dignidad democrática que nos haga sentir igual de agredidos al ver honrar a Franco y Txapote. Es tiempo de construir una sociedad con ternura que llore y sienta como propio el dolor de cualquier víctima.
