Cada mañana, tras la jubilación, mi padre acudía con sus menos de 160 centímetros a la sucursal de su banco. En casa hacíamos bromas al respecto imaginando la cara de los empleados y de Rafa, el director, cuando le vieran asomar de nuevo la cabeza por la puerta. Para Manuel Caballero era una forma como otra cualquiera de echar parte de la mañana, ver el estado de la cuenta, tomarse un café y que le tradujeran a qué venía esa comisión extraña del último mes.

Le dieron las claves de la página web, le enseñaron a ver cómo iba la Bolsa a través del ordenador, le mandaban a uno de los empleados a casa para darle clases de informática gratis, pero no era suficiente. Mi padre era un amor pero también un pesado demasiado locuaz, cosa que yo he heredado.

Y era un privilegiado porque el banco hizo todo eso por él y los empleados de la sucursal tuvieron una paciencia infinita para explicarle las letras pequeñas. Motivada, claro, por una fidelidad de los ahorros de casa en el mismo sitio y un expediente de impagos inexistente. Rafa fue a su entierro cuando falleció, hace ahora cinco años, y lloró como si hubiera perdido a uno de los suyos.

Mi suegro tiene 88 años y está mejor que yo, pero el día que supo que su sucursal había cerrado se llevó un enorme disgusto. Se lo tomó como si le hubieran dado la peor noticia del mundo. Empezó a pedir de forma compulsiva que le buscáramos el cajero más cercano a su casa, y cuando se le mencionó una distancia de unos 15 minutos andando le pareció excesiva. Puede parecer exagerada su reacción. Este septiembre cumplirá los 89.

El cierre de sucursales, de cajeros y la digitalización del sector bancario, por mucha modernización que lleve implícita, se ha convertido en una nueva forma de exclusión para los ancianos en España. Casi 1,3 millones de personas no pueden acceder a su dinero en efectivo, ya que desde 2008 el número de cajeros automáticos se ha reducido a la mitad.

Imaginemos por un momento tener que acudir al pueblo de al lado para pagar la compra, la caña en el bar, unos zapatos nuevos. Porque olvidamos muchos, embebidos por la superioridad moral de la digitalización, que utilizar una tarjeta de crédito y pagar con el móvil supone una tarea demasiado compleja para los ancianos. Y son muchos. En España hay más de 2,8 millones de personas mayores de 80 años, según los datos del padrón del INE de 2019.

Carlos San Juan tiene 78 años y vio una vez a una persona salir llorando de una sucursal bancaria ante el trato recibido. También ha escuchado en más de una ocasión decirle a un cliente que la próxima vez le acompañe su nieto o la cuidadora. Edadismo -la segunda mayor causa de discriminación en el mundo después del racismo- en estado puro.

Por eso ha comenzado una campaña en Change.org llamada ‘Soy mayor, no idiota’ -que supera ya las 224.000 firmas- para reclamar un trato más humano con los que, como recuerda, llevan años confiando sus pensiones y sus nóminas y sostienen muchos de los empleos del sector. "Somos clientes", insiste.

Lamentablemente, éste no es un problema que afecte solo a los mayores y a los bancos. La brecha digital se ha convertido en un nuevo factor de exclusión, como advierte Cáritas España en uno de sus últimos informes. Porque la pandemia ha cerrado numerosas puertas físicas y hay muchos a los que les queda lejos la puerta digital. Como si tener un ordenador, una conexión a Internet y las competencias suficientes para entenderlo estuvieran al alcance de todo el mundo. Como si no ser digital te convirtiera en un idiota.