El informe de la Confederación de Sociedades Ceintíficas de España (Cosce, que analiza las políticas científicas "anunciadas y ejecutadas" por el Gobierno en 2017, se enmarca en el proyecto 'Decides', en el que cada año un grupo de expertos de la Cosce analiza un ámbito concreto de la ciencia y redacta después una serie de propuestas para entregar a los partidos políticos.
Así, este informe analiza cuatro aspectos relacionados con la I+D: los presupuestos, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, el cumplimiento de los pactos de investidura, y la actividad de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Este año, la conclusión principal es que la Secretaría de Estado de I+D+i, de la que depende la política científica española, no tiene una estrategia "seria y comprometida".
En este organismo, lamenta el documento, abunda "la falta de información, cuando no la desinformación", y es "la antítesis de una política orientada a generar confianza y a reducir la inseguridad y la incertidumbre inherente a cualquier actividad de I+D+i".
Los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, son "un reflejo" de la importancia que le da el Gobierno a la Ciencia y a la Educación, que llevan años soportando recortes presupuestarias.
Desde el inicio de la crisis, la ciencia ha sufrido una caída presupuestaria del 35 %, lo que supone una pérdida de inversión de entre 15.000 y 20.000 millones desde 2009, según el presidente de la Cosce, Nazario Martín. "Esta sistemática reducción presupuestaria es, además, totalmente opuesta a las políticas de los países de nuestro entorno que han hecho todo lo contrario elevar la inversión para salir de la crisis", según Modrego.
El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020) es otro ejemplo. A día de hoy, aún ni se ha aprobado ni va acompañado de un marco presupuestario para desarrollar sus actuaciones.
Tampoco se ha analizado el funcionamiento del plan anterior (2013-16), un plan que advertía del envejecimiento de plantillas, de la escasez de personal dedicado a la I+D en las empresas, de la falta de financiación para el sector privado, y de las rigideces en el marco normativo y de la burocracia administrativa que dificultan la contratación de investigadores. "Son problemas reconocidos pero que nadie ha resuelto", según Modrego.
Contra todo ello, la Cosce propone el diseño entre todos los partidos políticos de "una política de I+D+i estable, comprometida y transformadora que contribuya a reformar en profundidad el modelo económico y social de España", y un sistema de inversión estable que desligue a la ciencia de los vaivenes políticos.
Sobre el incumplimiento de los pactos de investidura y la actividad de la AEI, el informe denuncia que sólo se ha cumplido la creación de la Red Cervera de Transferencia Tecnológica que, sin embargo, está dotada con 500 millones de euros, 20 millones de subvenciones y 480 en préstamos "que no se ejecutan", es decir, que "un dinero que no se gasta", lamenta Martín.
Respecto a la Agencia, puntualiza que este órgano debería tener autonomía, capacidad para diseñar la política científica y sobre todo recursos pero "no es más que un mero instrumento de gestión, que tiene que esperar el visto bueno del Consejo de Ministros para publicar sus convocatorias. Todo un contrasentido", concluye Martín.