España necesita un respaldo de evidencia científica para tomar una decisión sobre la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19. Así lo ha solicitado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la ponencia de vacunas.

De este modo, el país español se encuentra a la espera de tomar una decisión que podría decidirse la semana que viene, cuando la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y los centros europeos para el control de la Covid-19 se pronuncien al respecto el próximo lunes, 23 de agosto.

Así, diferentes autonomías ya han empezado a solicitar una valoración sobre la dosis de refuerzo, tal y como ha hecho el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, al exigir al Gobierno que aclare las dudas sobre la vacunación en los menores y la tercera dosis, de manera que las autonomías puedan organizar su estrategia tras el verano.

Por su parte, otros países no han esperado a la decisión del EMA. Así, Bélgica ha anunciado que administrará una tercera dosis a los pacientes con inmunodepresión, y Austria comenzará a administrarla en el mes de octubre.

Además, en Estados Unidos, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó la administración de una tercera dosis de Pfizer o Moderna a personas inmunodeprimidas.

Esta decisión se debe a que la respuesta de este colectivo a las vacunas es diferente a la del resto de la sociedad; sin embargo, Pfizer entregó este lunes los resultados de sus ensayos clínicos para la dosis de refuerzo, por lo que podría administrarse a toda la población mayor de 16 años.

En la actualidad, España registra 30,2 millones de personas con la pauta completa, lo que constituye un 63,8% de la población general y 35 millones con una sola dosis, lo que constituye el 73,9% de la población mayor de 12 años.

Sin embargo, el verano ha ralentizado el plan de vacunación, para lo que algunas comunidades han desplegado distintas estrategias. Así, País Vasco, Cataluña o Aragón han comenzado a adelantar la vacuna en aquellas personas que han pasado la enfermedad de seis a dos meses desde su diagnóstico.

Esto comenzarán a hacerlo también Extremadura y Navarra. Otras autonomías, por su parte, han optado por vacunar a los grupos más vulnerables que aún no están protegidos, en concreto los mayores de 40 años sin ninguna dosis o sin la pauta completa.

Por su parte, tanto el Gobierno central como los autonómicos también han solicitado que la ponencia de vacunas valore y se pronuncie sobre la efectividad de una tercera dosis en las residencias de mayores, debido al repunte de casos.

Además, Murcia ha insistido en que se establezca una obligatoriedad vacunal para aquellos profesionales sanitarios y sociosanitarios que trabajan en residencias y centros sociosanitarios.