Diciembre de 2006. Activistas antiaborto organizan continuos escraches ante clínicas que practican interrupciones del embarazo. Algunos fanáticos incluso atacan varios centros a pedradas. Son los años de Zapatero. Y los antiabortistas, con el PP y los obispos al frente, toman la calle en varias ocasiones.
Están en pie de guerra porque el Gobierno de Zapatero prepara una nueva ley y no les gusta, una ley que introduce una novedad que ya tienen la mayoría de países de la Unión Europea: los plazos.
Hasta la semana 14, el aborto es libre. No es necesario dar ninguna explicación ni justificar nada. A partir de ahí, la embarazada puede abortar hasta la semana 22 en caso de malformación, y sin plazo si esa malformación es incompatible con la vida.
Cuatro años después, entra en escena Alberto Ruiz Gallardón. El Ministro de Justicia es el autor de la nueva ley del aborto. Una norma con un nombre equívoco: Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada.
El propio Rajoy avisaba antes de su victoria en 2011 de cuál sería su modelo. Se refería a la ley de 1985, la primera que reguló el aborto en España. Aquella ley recogía la posibilidad de abortar en tres supuestos: violación, hasta la semana 12; riesgo para la salud física o psíquica de la madre, en cualquier momento del embarazo; y graves malformaciones del feto, hasta la 22.
Pero en su regreso al pasado, Gallardón retrocede más allá del 85 y endurece aquella ley. Su anteproyecto mantiene igual el supuesto de la violación. También contempla el del riesgo para la salud de la embarazada. Pero le pone un plazo: sólo hasta la semana 22. El tercer supuesto, el de malformación del feto, directamente desaparece.
Ya no será posible abortar de forma legal aunque la embarazada sepa a ciencia cierta que el feto tiene graves malformaciones, salvo que sean incompatibles con la vida.