Hasta septiembre, cualquier inmigrante era atendido porque tenían la tarjeta sanitaria. Valía con empadronarse para obtenerla. A partir de ahí, con la nueva ley se pasó de “tener una sanidad universal a una sanidad para los que estuvieran asegurados”, declara Miguel Reyero, vicepresidente de Médicos del Mundo en Baleares.
Jordi Évole pregunta a los ciudadanos qué les parece que hayan quitado la sanidad para los inmigrantes. “Cuando he valido me has querido y ahora que no tengo me echas”, comenta un ciudadano.
A pesar de todo, la nueva ley tiene excepciones. Quien no tiene tarjeta o no puede tenerla tiene derecho a ser atendido si es menor, si está embarazada o va de urgencias, explica el vicepresidente de Médicos del Mundo.
En Baleares, “las urgencias no generan facturas, pero las están cobrando”. El Gobierno ha puesto unos seguros especiales para que pagando 710 euros por persona y año, tengan derecho a la atención en la sanidad pública.
Miguel comenta que aunque no tenga papeles está financiando la sanidad porque “se financia con los PGE, si un inmigrante compra gasolina o un pollo está pagando el IVA y la sanidad”.
El vicepresidente lleva a Jordi hasta Silvia Graciela Velázquez, una uruguaya que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lleva 10 años en España y siempre ha tenido tarjeta sanitaria. Se la quitaron por no tener papeles y no trabajar en España.
Ella ha trabajado pero nunca cotizó porque cobraba en negro. “No libré nunca en dos años y cobraba una miseria”. Sobre cómo la tratan en el país asegura que “se olvidan de que España fue un país de emigrantes de toda la vida”.