El lobista Agustí de Uribe contribuyó a que el parque eólico de Vilalba dels arcs fuera posible. Le contrató una compañía que estaba formada por cuatro empresas que querían invertir 450 millones de euros en parques eólicos. El problema fue que durante nueve años lo intentaron en la Terra Alta, pero cuando presentaron el proyecto, lo variaba “cualquiera de las instituciones que pueden decidir sobre este tema”.
Había oposición por parte de un grupo ecologista. Así que, lo que hicieron es ver los argumentos por los cuales se oponían a la creación de un parque eólico y rebatirlos uno a uno, consiguieron que los medios de comunicación se informaran mejor, enseñaron un parque eólico y se pusieron en contacto con los políticos que llevaban este tema, porque “los políticos son los que dan el visto bueno”, comenta Évole. Consiguieron en un año, lo que no consiguió la compañía en nueve.
Esta actuación tenía una facturación de 90.000 euros y es “habitual” en España “pero no está regulada” porque intereses tiene que haber por parte de un lobbie para que no se regule.
Los políticos le reciben sin ningún problema. Si acaba apoyando una ley que beneficia a una empresa, el interés general puede no coincidir con el interés general de la empresa. En ese caso, “es el diputado o el senador quien tiene que decidir cuál es su voto”.
Un ciudadano de a pie debería tener el mismo acceso a un político que un lobby, pero “es muy difícil que el ciudadano pida al político que cambie una ley y no tiene fuerza suficiente”. A eso se le llama “lobby social”, lo que pretende es un objetivo de beneficio ciudadano, como la plataforma de la hipoteca.